Google es multado con más de 260 millones de euros debido a la recopilación de datos y al uso de la conectividad móvil en Android sin autorización

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Un jurado en San José, California (Estados Unidos) ha sentenciado a Google a abonar una multa de 314,6 millones de dólares (más de 260 millones de euros) a usuarios de Android por recabar datos y usar la conectividad móvil sin su consentimiento, incluso cuando sus dispositivos estaban inactivos.

Se trata de una demanda colectiva interpuesta ante un tribunal estatal en 2019 en representación de unos 14 millones de californianos.

Específicamente, demandaron a Google por programar los teléfonos Android para recolectar información y transferirla a sus servidores cuando los dispositivos no estaban conectados a una red WiFi.

En la demanda también se detalla que esta acción se realizó “para promover sus propios intereses corporativos”, así como para crear publicidad personalizada y ampliar su capacidad de determinar ubicaciones.

Ahora, un jurado en San José, California (Estados Unidos) ha determinado este martes que Google debe pagar más de 260 millones de euros a estos usuarios, según informaron los abogados de los demandantes a Bloomberg. El jurado también acusó a la empresa de haber utilizado la tarifa de datos móviles de los propios demandantes.

Por su parte, el portavoz de Google, José Castañeda, aseguró a Bloomberg que los usuarios aprobaron estas transferencias al aceptar los términos de servicio y las políticas de privacidad, por lo que la compañía apelará la decisión del jurado.

En este sentido, el portavoz argumentó que esta sentencia es un “revés” para los usuarios, ya que “no entienden servicios que son cruciales para la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de los dispositivos Android”.

Castañeda añadió que esta recopilación de datos es necesaria para mantener el rendimiento de miles de millones de dispositivos Android, y que consume menos datos que enviar una fotografía.

Este caso ha provocado que otro grupo de usuarios haya presentado una demanda en un tribunal federal de San José, con las mismas reclamaciones en nombre de ciudadanos de los otros 49 estados. Este juicio se celebrará en abril de 2026.