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SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, comunicó que el año pasado, los defensores públicos resolvieron más de cinco mil casos de personas privadas de libertad, a través de autos de “no ha lugar” y sentencias absolutorias.
Estos casos, según aclaró, no contaban con pruebas suficientes que relacionaran a los imputados con los hechos que se les acusaban. “O sea, no habían cometido los delitos y el defensor público consiguió demostrarlo ante el tribunal que conocía del caso”, especificó Valentín.
El funcionario enfatizó la necesidad de examinar los criterios de judicialización en el sistema de justicia penal. “Eso implica que debemos revisar qué estamos judicializando, qué estamos presentando al tribunal como proceso penal”, añadió.
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Desde la Defensa Pública, se trabaja en favor del respeto a los derechos fundamentales, el debido proceso y el trato digno a las personas en conflicto con la ley penal.
Valentín también cuestionó la efectividad del sistema penitenciario dominicano. “De nada sirve encarcelar a una persona si no se aplican las teorías de las ERREs: reeducación, reinserción, rehabilitación y regeneración”, manifestó. Criticó que el sistema carcelario del país “degrada al ser humano y lo humilla”.
Indicó que cualquiera puede equivocarse, pero debe existir un sistema judicial con bases sólidas, donde el Estado y los operadores del sistema ayuden al infractor para evitar que reincida. “Creo firmemente en que el ser humano puede cambiar su conducta”, puntualizó.
Agregó que la mayoría de los internos provienen de familias desestructuradas, criados en la calle, sin oportunidades ni afecto. “Muchos nunca han escuchado a alguien decirles: ‘yo te quiero'”, concluyó Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública, durante un encuentro encabezado por el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y el senador de la provincia, Antonio Taveras Guzmán.
En la actividad también participaron el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Fran Soto; la consejera Bionni Zayas; el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín; así como jueces, juezas, representantes del sector jurídico, empresarios y líderes comunitarios.
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