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En Tennessee (EE.UU.), una nueva ley representa otro revés para los migrantes indocumentados. La legislación, conocida como Proyecto de Ley del Senado 392, criminaliza el “alojamiento” de migrantes con estatus irregular si se obtiene un beneficio económico.
Según CBS News, esto incluye alquilar apartamentos, brindar refugio o incluso compartir vivienda con familiares o migrantes sin estatus legal.
Aunque los promotores de la ley aseguran que su objetivo es combatir el tráfico de personas, su redacción imprecisa ha causado temor entre quienes realizan actos de ayuda humanitaria o simplemente conviven con seres queridos en situación migratoria irregular.
Sin embargo, el impulsor de la ley, Chris Todd, representante estatal, subrayó que el propósito es permitir que fiscales y fuerzas de seguridad “puedan intervenir antes de que ocurra una situación de tráfico humano”.
La norma, que entró en vigor este martes, 1 de julio, impone multas de hasta mil dólares por cada persona indocumentada alojada.
Las consecuencias son serias: iglesias que ofrecen refugio, propietarios que alquilan sin pedir documentos y familias con estatus migratorio mixto podrían enfrentar problemas legales.
Organizaciones como la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC, por sus siglas en inglés) advierten que esta ley no busca mejorar la seguridad pública. Afirmaron que buscan ejercer control a través del castigo. Desde su perspectiva, es una estrategia deliberada para generar sufrimiento en comunidades vulnerables.
La reacción no se hizo esperar. Una coalición encabezada por el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América presentó una demanda federal para detener la implementación de la ley.
En ella participan también un arrendador de Nashville y una inmigrante mexicana residente en el estado. Representados por instituciones como Georgetown Law y el American Immigration Council, los demandantes argumentan que la ley invade competencias federales en materia de inmigración. También afirman que viola derechos constitucionales como la libertad religiosa y de asociación.
Mientras tanto, el impacto ya se siente en las calles. Algunos propietarios empezaron a solicitar comprobantes de estatus migratorio a sus inquilinos, y se han reportado desalojos tras la promulgación de la ley.
La directora del programa Derecho a la Defensa en Desalojos, Anne Boatner, confirmó que han recibido muchas llamadas de residentes preocupados por perder sus hogares.
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