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En el marco del “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”, liderado por el Consejo Económico y Social (CES), Amnistía Internacional pide que cualquier futura política migratoria se base en el respeto total a los derechos humanos, la no discriminación, la justicia racial y el acceso efectivo a mecanismos de regularización para migrantes y refugiados haitianos.
“En un momento en que la sociedad dominicana busca construir consensos sobre cómo responder a los retos de la movilidad humana, el Estado tiene la oportunidad — y la responsabilidad — de diseñar una política migratoria centrada en las personas, no en la persecución ni en la deportación hacia contextos donde pueden perder la vida”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Estado tiene la oportunidad — y la responsabilidad — de diseñar una política migratoria centrada en las personas, no en la persecución ni en la deportación hacia contextos donde pueden perder la vida. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“República Dominicana debe asegurar que sus políticas migratorias cumplan con los estándares internacionales, incluyendo el principio de no devolución, el debido proceso, el interés superior del menor y el derecho a la nacionalidad. En este contexto, instamos al presidente Luis Abinader a poner fin de inmediato a las deportaciones colectivas, al perfilamiento racial y a prácticas migratorias discriminatorias”, agregó.
Como parte del diálogo convocado por el CES, Amnistía Internacional presentó una contribución formal ante la mesa temática sobre migración, en respuesta a la pregunta central:
¿Qué modelo de política migratoria integral debería construirse para garantizar sostenibilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos en los próximos 20 años?
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Desde octubre de 2024, más de 180,000 haitianos han sido deportados en operativos masivos sin evaluaciones individualizadas, muchos de ellos con necesidad de protección internacional. Entre las personas expulsadas se encuentran mujeres embarazadas, niñas y niños, personas negras y dominicanos de ascendencia haitiana. La organización ha documentado casos de tortura, violencia física y detención en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Ante esta situación, la organización ha dicho que es indispensable que el presidente Abinader retire el protocolo que ordena deportaciones tras recibir atención médica, ya que el derecho a la salud no puede depender del estatus migratorio. La organización ha calificado como inaceptables y riesgosas para la vida las prácticas de expulsión e intimidación de personas que buscan atención médica — incluidas niñas, niños, personas con condiciones críticas de salud y mujeres embarazadas.
La política migratoria actual ha generado efectos negativos sobre sectores económicos clave, debido a la escasez de mano de obra provocada por las expulsiones masivas. En este contexto, Amnistía Internacional alienta a continuar los consensos emergentes sobre la necesidad de abrir canales de regularización, evitando que dichos mecanismos repitan errores del pasado, como los del fallido Plan Nacional de Regularización, en el que muchas personas beneficiarias no han podido renovar sus documentos desde el inicio de la actual administración, lo que las ha expuesto a detenciones arbitrarias, extorsión por parte de agentes corruptos y redes de trata y tráfico de personas.
“Toda política migratoria debe asegurar vías legales de entrada y residencia sin discriminación, incluyendo la reapertura del sistema de visado para haitianos cerrado desde 2023, así como el acceso a procedimientos de asilo y documentación renovable”, sostuvo Johanna Cilano Peláez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional.
Toda política migratoria debe asegurar vías legales de entrada y residencia sin discriminación…, así como el acceso a procedimientos de asilo y documentación renovable. Johanna Cilano Peláez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional también reafirma la urgencia de restituir la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. La falta de implementación efectiva de la Ley 169-14 ha perpetuado la apatridia en el país, en contravención del derecho internacional, dejando a miles de personas en una situación extrema de vulnerabilidad y exclusión.
“Los discursos públicos del diálogo y del presidente Abinader han estado marcados por una visión centrada en la soberanía y la seguridad, que deja fuera el enfoque de derechos humanos y excluye temas clave como la discriminación racial y la apatridia”, añadió Johanna Cilano Peláez. “Eso limita seriamente las posibilidades de construir una política migratoria justa y sostenible.”
Amnistía Internacional exhorta a que el informe final del diálogo incluya compromisos concretos con una política migratoria integral, sostenible y basada en derechos humanos, que incorpore medidas efectivas para prevenir la discriminación, eliminar el perfilamiento racial y erradicar prácticas que pongan vidas en riesgo.
“El momento de rectificar es ahora. República Dominicana necesita una política migratoria antirracista, con pleno respeto a los derechos de las mujeres y niñas, humana y sostenible”, concluyó Ana Piquer.
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