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Santo Domingo.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dio inicio al conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra diez personas involucradas en una presunta red de corrupción administrativa, integrada por militares y civiles. Dicha red se habría beneficiado con la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El juez Rigoberto Sena sigue escuchando los argumentos del Ministerio Público, que presentó acusaciones contra el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez.
También figuran como imputados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por la procuradora adjunta Mirna Ortiz, está a cargo del caso y lidera el equipo de fiscales que presentó la solicitud de medidas cautelares.
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