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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público inició esta tarde, ante el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la lectura de la solicitud de medida de coerción contra los militares y civiles involucrados en la estructura criminal del caso Lobo, imputados por recibir sobornos y manipular licitaciones en varias instituciones para obtener contratos de servicios de seguridad.
El órgano acusador detalla en el tribunal cómo los imputados cometieron una serie de irregularidades para desviar fondos de las instituciones para su beneficio. Se trata de los encartados: el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
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Contra el grupo, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, y que el proceso sea declarado complejo.
El órgano acusador, representado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quienes cuentan con 336 elementos de prueba para sustentar los actos de corrupción cometidos en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEste y Edesur.
Mediante contratos de seguridad adjudicados a empresas privadas, los fondos públicos fueron desviados, generando pérdidas al Estado por más de RD$100 millones.
A los integrantes del caso Lobo, conformados por militares y civiles, se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos y otros delitos graves.
Las empresas utilizadas por la estructura criminal fueron: Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE); Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL; Magesty Waste & Recycling Company SA; Magesty Recycling SRL.
La audiencia de medida de coerción del caso Lobo se celebrará en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que actuará como Oficina de Atención Permanente debido a la cantidad de imputados en el proceso.
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