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En la tragedia del 8 de abril, perdieron la vida 236 personas y más de 180 resultaron heridas.
La familia de Rubby Pérez comunicó este viernes que se presentó un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta a Antonio y Maribel Espaillat, en relación al derrumbe de la discoteca Jet Set.
En este recurso, presentado ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los parientes del merenguero fallecido en la tragedia, indican que buscan asegurar la correcta aplicación del derecho y proteger los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
A su vez, enfatizan que con la apelación no persiguen satisfacer “motivaciones personales ni intereses ajenos al proceso”.
“Busca contribuir a la determinación de la verdad, al establecimiento de las responsabilidades pertinentes y al fortalecimiento de la institucionalidad”, se lee en el comunicado enviado por la familia a través de sus abogados.
Expresaron su confianza en que las instancias superiores del sistema de justicia actuarán con objetividad, independencia y en apego a los principios de legalidad y equidad.
Finalmente, agradecieron el acompañamiento de la sociedad y exhortaron a la población a dar seguimiento al caso con sensibilidad y respeto a la memoria de las víctimas.
El recurso de apelación fue presentado por los abogados Emery Colomby Rodríguez Mateo, Cristian Bolívar Mendoza Hernández y Leonardis Eustaquio Calcaño, en representación de las hijas de Rubby Pérez, Ana Beatriz Pérez Reynoso y Casiey Aileen Lebrón Pérez, así como de sus demás familiares.
El pasado mes de junio, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódica a Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el derrumbe del techo del Jet Set.
El caso fue declarado como complejo.
Los hermanos Espaillat fueron imputados por homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias en el colapso del centro nocturno. Esta tragedia, ocurrida el pasado 8 de abril, causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.
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Días después de la imposición de las medidas de coerción en su contra, y en desacuerdo con la decisión del tribunal, el Ministerio Público solicitó a la Corte de Apelación que a Antonio Espaillat se le imponga prisión preventiva, mientras que para su hermana Maribel se establezca arresto domiciliario, con el fin de evitar intimidación de testigos.
El Ministerio Público argumenta que, como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, se priorizó el interés económico por encima de la seguridad de las personas que frecuentaban y acudían regularmente a la discoteca.
El día en que se conocía la audiencia de medida de coerción por el caso, la familia Espaillat comunicó a la opinión pública que se firmaron más de 40 “acuerdos de compensación económica y apoyo humano” con las víctimas y familiares de los fallecidos en el derrumbe del techo del Jet Set.
“Se han suscrito, sin publicidad ni condicionamiento alguno, más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano, legalizados ante notario, con familiares de fallecidos, personas lesionadas y músicos afectados”, se leía en el documento.
Los acuerdos se firmaron a modo de descargo por la tragedia y como garantía económica por los daños sufridos por las víctimas.
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