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Washington. Un magistrado federal frenó el viernes la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, enfocada en quienes colaboran con la Corte Penal Internacional. La decisión judicial llega tras una demanda interpuesta en abril por dos activistas de derechos humanos, quienes impugnaron la orden de Trump del 6 de febrero, que permite sanciones económicas y de viaje, posiblemente de gran impacto, contra individuos involucrados en investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos, como Israel.
En su fallo, la jueza federal de distrito Nancy Torresen describió la orden ejecutiva como una transgresión inconstitucional de la libertad de expresión.
“La orden ejecutiva parece limitar la libertad de expresión de manera más extensa de lo indispensable para alcanzar ese objetivo”, redactó.
La orden ejecutiva veda de forma generalizada cualquier servicio basado en la expresión que beneficie al fiscal, sin importar si esos servicios se relacionan con una investigación de la CPI sobre Estados Unidos, Israel u otro aliado estadounidense.
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