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Miami. — En la Unión Americana, durante la segunda presidencia de Donald Trump, la línea divisoria entre el poder político y los intereses económicos privados ha desaparecido, tanto como barrera ética como en cuanto a principio constitucional. Ha sido demolida, y en su lugar, se extiende una autopista de doble sentido, donde se intercambian influencias, contratos, tokens, criptomonedas y favores bajo el paraguas del poder presidencial. El epicentro de esta operación es la familia Trump, que ha transformado la presidencia de Estados Unidos no solo en un ejercicio de poder político absoluto, sino también en una máquina de generar ingresos económicos privados de alcance global.
Si en su primer mandato (2017-2021) Trump generó controversia por el uso de hoteles y propiedades familiares para acoger delegaciones oficiales, en los seis meses que lleva de este segundo mandato se ha construido una estructura sistemática de enriquecimiento personal. Los símbolos del gobierno federal estadounidense, desde el escudo presidencial hasta el aura de la Oficina Oval, han sido licenciados, subastados y convertidos en criptomonedas, fundaciones, consultoras privadas y cenas de recaudación selectiva. Nada queda excluido; ni la familia, ni los socios, ni la propia narrativa del país.
La evidencia más contundente de este modelo reside en la operación de World Liberty Financial (WLF). “Se trata de una empresa financiera bajo el control de los Trump, en la que Trump Jr. es el presidente y que, entre otras cosas, ha emitido la criptomoneda $TRUMP, que no es más que un token especulativo que, lejos de ser un experimento tecnológico, ha servido como llave de acceso a eventos exclusivos presidenciales”, explica a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez. Trump ha declarado oficialmente ingresos por más de 57 millones 400 mil dólares derivados directamente de su participación en esta empresa. Sin embargo, la cifra total recaudada por la familia Trump a través de comisiones, licencias y beneficios derivados de esta operación sobrepasa los 320 millones de dólares.
La pieza clave de este sistema fue la cena privada organizada en Mar-a-Lago en mayo. A ella solo podían asistir quienes hubieran invertido grandes sumas en $TRUMP. Según los registros públicos, el evento recaudó 148 millones de dólares en cuestión de semanas. Los asistentes no eran simples simpatizantes anónimos; “se trata de empresarios tecnológicos, magnates asiáticos, operadores logísticos y ejecutivos de criptomonedas”, señala Jiménez. “La entrada les otorgaba no solo la oportunidad de estar con el presidente, sino acceso al ‘círculo íntimo’ de decisiones, favores y protecciones especiales”.
Justin Sun, fundador de Tron y figura clave del ecosistema cripto asiático, fue uno de los invitados. Recibió de manos de Trump un reloj Tourbillon valorado en más de 100 mil dólares, adornado con el sello presidencial. Sun agradeció públicamente la visión de Trump en materia de “libertad económica digital”. No se trató de un gesto simbólico; semanas antes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), había pospuesto una investigación por presunta manipulación de mercado que lo involucraba. Otros asistentes incluyeron ejecutivos de MemeCore, Kronos Research y Fr8Tech, cuyos representantes admitieron públicamente que su motivación era establecer lazos estratégicos con Trump.
Freight Technologies Inc. (Fr8Tech) está registrada en Texas y se especializa en soluciones de transporte y logística inteligente para el comercio entre México y Estados Unidos. Su CEO y propietario principal es el mexicano Javier Selgas, un empresario con experiencia en innovación digital aplicada al transporte transfronterizo, quien ha reconocido que la inversión de más de 20 millones de dólares en tokens $TRUMP fue impulsada por el objetivo estratégico de “acercarse al centro de decisión federal” y “condicionar políticas de inspección aduanera favorables” a través de la influencia directa que ofrece la cena con el presidente Trump y sus asociados comerciales.
El caso de GD Culture Group, con conexiones empresariales en China y participación en el ecosistema de TikTok, es aún más preocupante: colocó fondos en $TRUMP y en USD1, una stablecoin promovida por WLF, con el propósito de “aumentar su presencia en el mercado estadounidense de redes sociales”, justo cuando el Congreso debatía la regulación y posible prohibición de TikTok.
Lo que debería haber desencadenado una investigación inmediata se ha tratado como una donación política más. Pero no lo es. La familia Trump “no solo controla la apariencia del evento, sino también los mecanismos financieros que lo sustentan”, comenta el economista. WLF tiene su sede registrada en Delaware, donde Jared Kushner también creó Executive Branch Holdings LLC, una firma de consultoría geopolítica que ha firmado contratos con fondos soberanos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Estos acuerdos han generado preocupación en el Senado, ya que se firmaron mientras Kushner aún tenía acceso a información clasificada y participaba en sesiones del Consejo de Seguridad Nacional.
La dimensión empresarial del clan Trump es tan extensa como variada. Lara Trump dirige la fundación Patriot Hearts desde una mansión en Washington, con donaciones de empresarios agrícolas, contratistas federales y donantes corporativos. La fundación se presenta como una organización de ayuda a veteranos, pero financia eventos donde los hijos del presidente participan como ponentes, en una clara fusión entre poder institucional y promoción personal.
Melania Trump ha lanzado su propia línea de tokens digitales, $Melania, que son conmemorativos y coleccionables, promovidos en plataformas asociadas a WLF.
Barron Trump, a sus 19 años, figura como uno de los principales beneficiarios de la operación digital. Según documentos de World Liberty Financial y registros ante la SEC, su nombre aparece ligado a un fideicomiso que ha generado más de 40 millones de dólares en ingresos desde marzo. Aunque no ocupa ningún cargo oficial, su rol como imagen simbólica de $TRUMP y embajador digital ha sido ampliamente promocionado por la firma. Su presencia en la cena fue uno de los atractivos exclusivos para los inversionistas.
La familia Trump ha construido un emporio paralelo de productos simbólicos — desde biblias y zapatillas doradas hasta perfumes, guitarras, relojes y monedas conmemorativas — que, según estimaciones de analistas financieros, ha generado más de 250 millones de dólares en ganancias solo en 2025, con márgenes superiores al 70% y sin estar sujetos a supervisión federal. Todo se vende como “una forma de respaldar al presidente”, pero los ingresos van directamente a plataformas privadas controladas por la familia, utilizando también la imagen y los símbolos del poder.
El senador Richard Blumenthal ha calificado esta operación como “una afrenta sin precedentes a los principios de integridad pública”. Su oficina lidera una investigación sobre posibles violaciones a la cláusula de emolumentos de la Constitución, que prohíbe que el presidente reciba beneficios de gobiernos extranjeros sin autorización del Congreso. Maxine Waters ha solicitado explicaciones formales a la SEC por el retraso en las investigaciones sobre Justin Sun.
El marco legal vigente no impide que un presidente posea o participe en negocios privados mientras está en funciones, siempre y cuando no se demuestre que recibió un beneficio “a cambio” de un acto oficial. Esa es la interpretación restrictiva del Departamento de Justicia, que ha sido fuertemente criticada por juristas constitucionalistas. Brendan Fischer, abogado especializado en financiamiento político, afirmó que “la forma en que se ha estructurado esta operación parece diseñada para eludir la ley, pero claramente transgrede su espíritu”.
Al menos 19 de los 25 mayores inversionistas en $TRUMP son de origen extranjero, reveló un informe del subcomité de ética del Congreso. Muchos de ellos tienen vínculos con fondos soberanos, holdings financieros offshore y plataformas cripto que han buscado protección ante regulaciones del gobierno estadounidense. La opacidad de estas operaciones se ha intensificado por el hecho de que la SEC, bajo la administración Trump, ha sido desmantelada en sus divisiones investigativas y sus reglas de transparencia flexibilizadas por orden ejecutiva.
La Orden Ejecutiva 14178, firmada en enero, eliminó más de 14 regulaciones impuestas entre 2021 y 2024, incluyendo las que prohibían que funcionarios federales tuvieran participaciones no declaradas en criptomonedas. Aunque la nueva Ley Genius establece restricciones sobre el uso de stablecoins por parte de funcionarios públicos, excluye deliberadamente al presidente. La razón de esa omisión fue explicada por el senador republicano Thom Tillis como “una salvaguarda institucional para no interferir con el liderazgo electo”.
El Congreso ha intentado reaccionar. Iniciativas como el Stop TRUMP in Crypto Act y el MEME Act buscan impedir que presidentes o sus familias emitan o se beneficien de activos digitales mientras están en funciones. No obstante, ambas propuestas están estancadas. “Lo que está en juego no es solo el enriquecimiento, muy posiblemente ilegal, sino la conversión del gobierno federal en un vehículo personal para obtener ganancias…”
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