Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader reiteró este lunes su firme compromiso con la plena implementación de la Ley 34-23 sobre autismo, una legislación clave que establece el marco legal para garantizar los derechos y la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en la República Dominicana.
Durante su participación en La Semanal con la Prensa, el mandatario reconoció que la ley, aunque promulgada en 2023, aún no dispone del presupuesto completo para su ejecución total.
No obstante, aseguró que ya se han asignado fondos iniciales y que para el presupuesto del año 2026 se prevé una asignación significativa, que permita avanzar de manera concreta en su aplicación.
“Esta ley representa un paso trascendental en materia de salud, educación e inclusión social. Estamos trabajando para que reciba el respaldo financiero que se merece”, expresó Abinader.
Indicó que la aprobación de la norma en los últimos meses de 2023 dificultó su plena integración en el presupuesto de 2024.
El presidente subrayó que varias instituciones ya han recibido responsabilidades específicas asignadas por la ley, lo que ha permitido comenzar a ejecutar algunos componentes prioritarios en el corto plazo. Estas acciones buscan sentar las bases para un sistema de atención integral y permanente para personas con autismo y sus familias.
“Esperamos que para el 2026 podamos contar con los fondos mínimos para cumplir con una ley tan necesaria, que responde a una demanda legítima de muchas familias dominicanas con niños autistas”, puntualizó el jefe de Estado.
La Ley 34-23 fue ampliamente celebrada por organizaciones de padres, profesionales de la salud y defensores de los derechos de personas con discapacidad, ya que busca garantizar acceso a diagnósticos tempranos, educación adaptada, terapias, apoyo familiar y acompañamiento institucional a lo largo del ciclo de vida.
La normativa también establece la creación de centros especializados y la formación de personal técnico en el área, por lo que su financiamiento adecuado es considerado indispensable para su éxito.
Con estas declaraciones, el Gobierno reafirma su intención de convertir la Ley de Autismo no solo en una conquista legal, sino en una política pública efectiva, sostenible y centrada en la dignidad humana.