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Los Ángeles, Estados Unidos — El Pentágono anunció el cese del despliegue de 700 infantes de marina en Los Ángeles, enviados para resguardar instalaciones federales durante protestas vinculadas a políticas migratorias.
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En junio, el presidente Donald Trump ordenó el envío de 700 infantes de marina y 4,000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles. La meta era proteger bienes y personal federal durante protestas surgidas por redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de trabajo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso a la medida, pero el gobierno federal prosiguió con el despliegue.
El lunes, el Pentágono confirmó la retirada de los infantes de marina, aduciendo que la calma ha regresado a la ciudad. La semana previa, ya se había reducido a la mitad el número de guardias nacionales presentes.
Según el portavoz Sean Parnell, la presencia militar envió un “mensaje claro” de que “la ilegalidad no será tolerada”.
La decisión de Trump generó un debate nacional sobre el empleo de fuerzas armadas en territorio estadounidense. Además, aumentó la tensión política en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EEUU.
Las protestas surgieron en respuesta a las redadas de ICE, que afectaron a trabajadores indocumentados, incluyendo sectores como la agricultura, que antes habían estado menos vigilados.
Trump ha prometido deportar a millones de personas en situación migratoria irregular. Durante su gobierno, se incrementaron las redadas en centros laborales, lo que generó demandas en varios estados contra estas tácticas.
A diferencia de administraciones anteriores, estas acciones incluyeron granjas y otros lugares que antes tenían menor supervisión.
Con la salida de los infantes de marina y la reducción de la Guardia Nacional, la seguridad en Los Ángeles queda principalmente en manos de las autoridades locales. Sin embargo, el debate sobre el papel del gobierno federal en el control migratorio y el empleo de fuerzas militares en protestas sigue abierto.
Mientras tanto, las demandas contra las políticas de ICE continúan en cortes de todo el país, lo que podría influir en futuras decisiones sobre aplicación de la ley migratoria.
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