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Nueva York.- Una coalición de unos veinte fiscales generales interpuso este lunes una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, debido a que exige a los estados que proporcionen datos personales de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que consideran una herramienta para hostigar a los inmigrantes. La demanda, presentada en California, responde a la exigencia de que se entreguen los nombres de los integrantes del núcleo familiar y fechas de nacimiento, números de seguro social, dirección de domicilio y código postal, según explicó el fiscal de California, Rob Bonta, en conferencia de prensa virtual, acompañado por las fiscales de Nueva York, Letitia James, y de Michigan, Dana Nessel. Subrayó que esta acción “sin precedentes” infringe todo tipo de leyes de privacidad estatales y federales, “y socava aún más la confianza entre el Gobierno federal y las personas a las que sirve”. La demanda se presentó dos días antes del plazo límite del 30 de julio, dado por el Departamento de Agricultura, que administra el programa para la compra de alimentos (del que se benefician 42 millones de personas en EE.UU.), para que los estados entreguen los datos de los solicitantes de los últimos cinco años. Este programa es comúnmente conocido como “cupones de alimentos” para personas de bajos recursos. Incluso, la agencia advirtió a los estados la semana pasada que, de ignorar la solicitud, se “pueden enfrentar a procedimientos de incumplimiento”, lo que podría resultar en la retención de fondos. “Seamos claros: esta exigencia no busca prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso. SNAP tiene tasas de fraude muy bajas, algo bien conocido. Ya existen medidas de seguridad adecuadas. Se trata de utilizar datos gubernamentales como arma para amedrentar a comunidades vulnerables”, afirmó. Enfatizó que los solicitantes proporcionaron información para recibir ayuda para alimentar a sus familias, “no para ser incluidos en una base de datos de vigilancia del Gobierno, ni ser utilizados como objetivos en la inhumana agenda migratoria del presidente”. Recordó que estados como California han mantenido este programa, que posee uno de los sistemas de control de calidad más rigurosos del Gobierno federal, y que durante años el Departamento de Agricultura nunca solicitó los datos a una escala tan masiva. “Ahora, sin previo aviso, la Administración Trump intenta cambiar las reglas del juego sobre la marcha”, argumentó. Por su parte, la fiscal James indicó que en Nueva York, 2,9 millones de personas reciben los beneficios de este programa, y que más de la mitad son familias con niños, y más de un tercio tiene familiares mayores o con discapacidad. “El SNAP ha evitado que las personas pasen hambre y ha salvado innumerables vidas. Pero ahora esta administración intenta usar este programa como herramienta para su cruel y caótica persecución de los inmigrantes” indocumentados, lo que calificó como “indignante, inaceptable”. “Esto no tiene precedentes. Es histórico”, afirmó. Mientras tanto, la fiscal de Michigan señaló que, además de asustar a la gente y disuadirla de solicitar este programa (al que tienen derecho), la acción tiene ese impacto. Otros estados en la demanda son Kentucky, Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin. EFE/ir
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