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Washington, 29 de julio (EUROPA PRESS) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó este lunes una supuesta “instrumentalización del poder judicial colombiano por jueces radicales” tras la condena por soborno de testigos y fraude procesal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
“La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha establecido un precedente inquietante”, lamentó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien defendió que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar sin descanso y defender su patria”.
Por su parte, la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó estas declaraciones denunciando que “su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia”. Por su parte, el presidente del país, Gustavo Petro, se hizo eco de la reacción agregando también que “el mundo debe respetar a los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados, por ayudar al mundo”.
Centro Democrático ataca la sentencia y los jueces piden protección.
La intervención de Rubio llegó tras las declaraciones de la senadora de Centro Democrático y precandidata para las elecciones presidenciales de 2026, Paloma Valencia, quien tachó el fallo como “una venganza” y “un ataque”, alegando a través de un video difundido en redes sociales que “Petro le tiene miedo a Uribe”.
En esta situación, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia pidió, a través de un comunicado difundido este mismo lunes, a las autoridades del país que proporcionaran “las medidas de protección que se requieran” a fin de “garantizar a todos los jueces de la República y a sus respectivos equipos de trabajo las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones”.
Asimismo, el organismo expresó “su solidaridad y apoyo” a la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, e hizo un llamamiento “a respetar el ejercicio funcional” de la magistrada.
El propio Petro afirmó, a este respecto, que “es deber del Gobierno garantizar la protección de la jueza y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo”. “En un gobierno democrático, a los jueces no se les presiona, se les protege en su libertad”, destacó.
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