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WASHINGTON, D.C. – Una jueza federal en Estados Unidos ordenó detener la aplicación de la llamada “deportación expedita”, una política impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump para expulsar rápidamente a inmigrantes que fueron puestos en libertad provisional en el país.
La decisión frena una de las principales estrategias de control migratorio del actual Ejecutivo, que ha aumentado los arrestos y deportaciones en los últimos meses.
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, emitió una orden que prohíbe al Gobierno seguir con las deportaciones sumarísimas de inmigrantes que ingresaron legalmente a EE.UU. a través de programas humanitarios.
Entre los afectados se encuentran personas admitidas bajo la Operación Aliados Bienvenidos y el plan para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).
En su resolución, la jueza señaló que el caso plantea “una cuestión de equidad”, al considerar que los inmigrantes entraron al país conforme a las reglas vigentes, pero que el Gobierno federal cambió estas condiciones de manera retroactiva, a pesar de que la legislación no lo permite.
La demanda fue presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, en representación de personas que se acogieron a programas autorizados por el Ejecutivo anterior, durante la administración de Joe Biden.
La denuncia legal argumenta que las nuevas políticas migratorias del Gobierno actual violan el derecho al debido proceso.
Los inmigrantes demandantes hicieron absolutamente todo lo que el Gobierno les solicitó”, declaró Angélica Salas, directora de CHIRLA.
“Merecen la dignidad de un día en la corte y esta demanda busca asegurar que la reciban”.
La jueza Cobs también criticó los métodos con los que se pretende llevar a cabo las expulsiones. Cuestionó que los inmigrantes sean detenidos en puestos de control o saliendo de los tribunales por agentes vestidos de civil y sin explicaciones claras.
“¿Serán expulsados sumariamente de un país, al ser detenidos en puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil sin explicaciones ni cargos, puede parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, escribió en su fallo.
El programa CHNV, instaurado durante la administración Biden, permitió que alrededor de 530 mil inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua ingresaran legalmente a EE.UU. con autorización para trabajar temporalmente.
La condición principal era tener un patrocinador dentro del país.
En marzo, la Casa Blanca eliminó este beneficio, argumentando que no representaba una utilidad pública significativa y que era incompatible con los objetivos de política exterior del actual Gobierno.
A partir de entonces, los beneficiarios tenían hasta el 24 de abril para regularizar su situación, de lo contrario serían deportados.
Aunque la decisión judicial representa una victoria parcial, las organizaciones que presentaron la demanda advierten que la batalla no ha concluido.
Ama Frimpong, directora legal de CASA, declaró que seguirán luchando en tribunales para que esta suspensión sea definitiva.
La lucha está lejos de terminar”, subrayó Frimpong.
Además de esta orden judicial, la Casa Blanca enfrenta otras dos demandas relacionadas con la cancelación del programa CHNV, lo que añade presión al Ejecutivo en plena implementación de su nueva política migratoria.
El bloqueo a la deportación exprés complica los planes del Gobierno de Trump, que se ha propuesto 800 deportaciones diarias.
Al impedir que los inmigrantes sean expulsados sin audiencia ni representación legal, se obliga a las autoridades a ofrecer procesos judiciales más completos y respetuosos del debido proceso.
Esta medida también podría sentar un precedente en futuras disputas legales sobre los cambios unilaterales en política migratoria y la legalidad de modificar beneficios ya otorgados.
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