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El presidente Luis Abinader promulgó ayer el nuevo Código Penal, que endurece las penas, persigue con firmeza la criminalidad organizada y responde a los delitos que amenazan la convivencia social y la seguridad ciudadana. Deja atrás una legislación que resulta anticuada, pues data de 1884.
El artículo 393 del texto indica que la Ley 74-25 entrará en vigor a partir de los doce meses de su promulgación y publicación.
Ese proyecto llevaba más de dos décadas de discusión en el Congreso Nacional, ya que algunos sectores de la sociedad, sobre todo, grupos feministas, abogaban por la despenalización del aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer está en riesgo, producto de violación o incesto y si existen malformaciones fetales incompatibles con la vida.
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En ese contexto, la nueva ley incluyó que la interrupción del embarazo practicada por el personal de salud especializado no será sancionada, si es para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos en peligro.
Fueron tantos los intentos fallidos que muchos, incluso legisladores, veían con incredulidad los esfuerzos realizados para lograr convertir en ley el manoseado documento. En apenas una semana lo lograron.
El jueves a las 3:00 de la madrugada, tras una sesión extensa que duró alrededor de 16 horas, la Cámara de Diputados sancionó, en segunda lectura, con modificaciones la pieza y la remitió al Senado, donde también recibió la aprobación correspondiente. El viernes llegó al Poder Ejecutivo que informó ayer de la promulgación.
En el fragor de las discusiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó ante el pleno su malestar con la primera dama, Raquel Arbaje y sus hijas, por haber firmado una carta enviada al Congreso, que advertía al presidente Luis Abinader sobre el retroceso que implicaría la reforma del Código Penal. La carta, suscrita supuestamente por mil personas, rechazaba que los congresistas mantengan la criminalización del aborto en las tres causales.
Entre los avances más relevantes de la nueva ley destacan: la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, sicariato, ciberacoso, violencia económica, difusión de deepfakes con fines de chantaje, estafa piramidal, intermediación financiera no regulada y la instigación al suicidio. Tipifica todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, delitos con dolo eventual y culpa consciente, daños por dopaje, autosecuestro, falsa denuncia, obstrucción de justicia y eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
De igual manera, el aumento de las penas de prisión hasta 40 años e incluso hasta 60, en caso de concurso de infracciones graves.
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