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Viajar a Estados Unidos sin visa: así funcionaría el programa donde Argentina podría ser incluida
Tal como explicó Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, este nuevo requisito se basa en datos oficiales que revelan que el 14 % de los visitantes de Malaui y el 11 % de los de Zambia se quedaron más tiempo del permitido durante el año fiscal 2023. Aquellos que cumplan con los términos de la visa recibirán el reembolso completo del dinero, mientras que los infractores lo perderán.
La nueva medida fue publicada oficialmente en el Registro Federal y representa un refuerzo de la política migratoria de Trump, que convirtió la inmigración en un eje central de su campaña presidencial de 2024.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 500.000 personas excedieron el plazo de sus visas durante el año fiscal 2023. La nueva normativa también podría aplicarse a ciudadanos de otros países con altos índices de estancias irregulares, así como a extranjeros que accedan a la ciudadanía estadounidense mediante inversiones o sin requisitos de residencia.
Los funcionarios consulares serán los encargados de establecer el monto exacto de la fianza en cada caso. Además, los visitantes afectados deberán ingresar y salir del país desde aeropuertos específicos, que serán anunciados 15 días antes de la entrada en vigor del programa. El objetivo es también evaluar si el sistema de fianzas, considerado anteriormente poco práctico, puede funcionar a gran escala.
Desde el Departamento de Estado aclararon que la fianza mínima será de 5.000 dólares, aunque podría elevarse hasta 15.000 dependiendo de cada caso. En paralelo, la administración Trump ya había aprobado en julio una suba de tarifas para todas las solicitudes de visa, incluyendo una “tarifa de integridad” de al menos 250 dólares.
En 2024, Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas no inmigrantes, según cifras oficiales. Organizaciones de derechos humanos y sectores diplomáticos de países afectados advirtieron sobre el impacto económico y burocrático que implican estas nuevas medidas, especialmente para personas con fines turísticos o de negocios legítimos.
Además de las fianzas, la administración republicana también impuso por primera vez una tarifa para solicitar asilo, establecida en 100 dólares, más un recargo anual del mismo monto mientras la solicitud esté pendiente. Estas medidas buscan reducir el flujo migratorio, pero también podrían generar reclamos diplomáticos y afectar la imagen internacional del país.
Con este nuevo esquema, el gobierno de Trump profundiza su agenda de seguridad nacional en torno al control migratorio, respaldado en argumentos de amenaza latente por las estancias ilegales. Queda por ver si el programa se ampliará a otras nacionalidades o si quedará como una experiencia limitada al periodo electoral.
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