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El Departamento de Justicia estadounidense ha iniciado nuevas investigaciones sobre Letitia James, la fiscal general de Nueva York, quien presentó una demanda civil por fraude contra el expresidente Donald Trump, según informaron medios estadounidenses el viernes.
El New York Times reportó que se emitió una citación dirigida a James, conocida por sus críticas a Trump, tanto en el caso de fraude civil como en otro presentado por su oficina contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Un juez neoyorquino ordenó a Trump, en febrero del año pasado, el pago de 355 millones de dólares, más intereses, por inflar ilegalmente su patrimonio y manipular el valor de sus propiedades para obtener préstamos bancarios y condiciones de seguro ventajosas.
De acuerdo con el Times, el Departamento de Justicia está analizando si la oficina de James violó los derechos de Trump en la demanda civil por fraude.
La oficina de James también presentó una demanda por mala gestión financiera contra Wayne LaPierre, un aliado de Trump, resultando en la prohibición de que el alto ejecutivo de la NRA ocupe cualquier cargo en el grupo de defensa del derecho a portar armas por una década.
Una portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre las informaciones.
Abbe Lowell, abogado de James, declaró al Times que cualquier investigación sobre la fiscal, relacionada con el caso de fraude civil contra Trump, es “el ejemplo más descarado y desesperado de la campaña de represalias políticas que está llevando a cabo esta administración”.
James también es objeto de una investigación penal del Departamento de Justicia por supuestamente falsificar registros relacionados con propiedades en Virginia y Nueva York para obtener mejores condiciones crediticias.
En una declaración de abril, tras conocerse las noticias sobre la investigación, James negó haber cometido algún delito y afirmó que “no se dejará intimidar por los matones”.
Desde que asumió la presidencia en enero, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra sus presuntos adversarios, incluyendo la retirada de protección a antiguos funcionarios, el ataque a bufetes de abogados involucrados en casos anteriores en su contra, y la supresión de financiamiento federal a universidades.
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