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Se da por sentado que el poder reside en las funciones naturales asignadas al Estado, como dictar leyes para regular las relaciones sociales y asegurar su cumplimiento, a través del poder judicial.
En este sentido, le corresponde al Estado la responsabilidad del orden, la seguridad interna y externa, ante agresiones, guerras o ataques provenientes de otro Estado.
Es en este contexto donde, dentro de las funciones del Estado, reside la competencia exclusiva en política exterior con otros Estados.
De esta manera, es incumbencia del Estado la facultad exclusiva de recaudar impuestos para financiar servicios públicos, infraestructuras, prestaciones, dirigir la economía con leyes equitativas que regulan el mercado laboral y la actividad empresarial, gestionar servicios públicos como educación, salud, infraestructuras viales, el control de puertos, aeropuertos y el sistema energético.
Es crucial señalar que la existencia de elecciones, por sí sola, no es un indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático, ya que es imperativo que se conjuguen otras características.
Estas características deben responder a la concepción de que la democracia debe entenderse como un sistema político y una forma de organización social que implica respeto por los derechos humanos, libertad individual, libertad de asociación y beligerancia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución equitativa del poder entre diferentes actores sociales, alternancia en el poder y limitación del poder de los gobernantes.
Hay que destacar que, en cualquier modelo de dirección social, existe un ente fundamental que es el Estado, que es la organización humana que abarca a toda la población de un país, estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad.
Esto significa que un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación y, a veces, el término se utiliza para referirse a la nación en su totalidad, la cual debe ser reconocida como tal, cumpliendo ciertas condiciones y contando con el reconocimiento internacional de sus pares, basado y respaldado en la legitimidad.
Lo expuesto son razones convincentes que llevan a entender que el Estado interviene en la economía, básicamente, porque el mercado es incapaz, por sí solo, de mantener el óptimo funcionamiento económico ni de solucionar los problemas causados por el propio mercado.
En tales circunstancias, el Estado proporciona un marco legal y social dentro del cual los participantes del mercado compran y venden bienes y servicios producidos con los recursos escasos de la economía.
La intervención del Estado en la economía exige que este sea un agente de cambio social y transformación económica permanentes. Para ello, se requiere de un aparato burocrático que funcione de manera eficiente y separada, con el objetivo primordial de apoyar las inversiones privadas y la creación de infraestructura, asumiendo riesgos y promoviendo nuevas áreas de inversión con impacto directo en la economía y el bienestar colectivo de la sociedad.
Compete al Estado impulsar la participación de los diversos grupos sociales en el desarrollo, a través de la elaboración efectiva de la política económica, en la cual se relacionen aspectos políticos y económicos, ya que esta política se enfrenta continuamente a la necesidad de regular un sistema que aborde la inestabilidad económica, social y política.
Esto es así porque la política económica es el resultado de conflictos entre grupos y clases que tienden a consolidar, crear o disolver equilibrios político-sociales en el ámbito económico, el cual surge de la lucha de intereses.
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