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Un alcalde de Massachusetts, Estados Unidos, defendió la inclusión de estatuas de dos santos católicos en el nuevo edificio de seguridad pública de la ciudad. Justificó su elección por su importancia para la policía y los bomberos, y acusó a los opositores de tener “actitudes negativas” hacia el catolicismo.
Pero los abogados de los residentes locales, que se oponen a las planeadas estatuas de bronce de 3 metros de altura de San Miguel y San Florián, dicen que el alcalde está haciendo que los no católicos “se sientan como ciudadanos de segunda clase” debido a las estatuas. Consideran que esto viola la Constitución de Massachusetts al favorecer una religión sobre otra.
Ambas partes intercambiaron argumentos sólidos en documentos judiciales presentados recientemente en una demanda estatal, iniciada a principios de este año por la American Civil Liberties Union of Massachusetts y Americans United for the Separation of Church and State.
Thomas Koch, católico practicante y alcalde de Quincy, una ciudad de unos 100.000 habitantes al sur de Boston, desea instalar en la fachada de un próximo edificio de seguridad pública de 175 millones de dólares y 11.000 metros cuadrados, estatuas de San Miguel Arcángel (patrono de los policías) y San Florián (patrono de los bomberos). Se espera que las estatuas cuesten alrededor de 850.000 dólares.
“Seleccioné las estatuas de Miguel y Florián para su instalación en el Edificio de Seguridad Pública debido a su estatus como símbolos en las comunidades policiales y de bomberos en todo el mundo. La selección no tenía nada que ver con la santidad católica, sino más bien con un esfuerzo por elevar la moral y simbolizar los valores de la verdad, la justicia y la prevalencia del bien sobre el mal”, dijo Koch en una declaración jurada presentada el mes pasado.
“Si Miguel y Florián no tuvieran importancia en los servicios policiales y de bomberos, respectivamente, no los habría seleccionado para la instalación”, añadió el alcalde.
El alcalde está pidiendo a un juez que desestime la demanda, que fue presentada el 27 de mayo en la Corte Superior del Condado de Norfolk en Dedham.
Pero los abogados de los demandantes, que son 15 residentes de Quincy que se oponen al plan del alcalde, describieron las estatuas a principios de esta semana como “iconos con un significado religioso inconfundible”, señalando que “los santos en general, y los santos patronos en particular, son prominentes dentro de ciertas sectas del cristianismo, especialmente el catolicismo”.
Un “observador objetivo”, argumentaron los abogados de los demandantes, vería las estatuas como “instalaciones permanentes que invocarán y transmitirán, de manera continua, la preferencia de la Ciudad por la doctrina religiosa católica”.
“El efecto principal de las estatuas será promover la religión sobre la no religión, y el catolicismo sobre otras sectas y denominaciones cristianas y no cristianas”, afirma una moción presentada el lunes 4 de agosto.
Los demandantes buscan una orden judicial de la Corte Superior estatal que impida a la ciudad instalar las estatuas cuando se inaugure el edificio de seguridad pública, cuya apertura está programada para octubre de 2025.
Se ha programado una conferencia judicial en el caso para el martes 12 de agosto.
La disputa legal gira en torno a la Constitución de Massachusetts, no la Constitución de Estados Unidos. Los residentes que se oponen a las estatuas han apelado principalmente a la ley estatal.
Durante la época colonial y en las primeras décadas de la independencia, el gobierno de Massachusetts favorecía a la Iglesia Congregacional sobre otras denominaciones. Obligaba a los propietarios a mantener a su ministro congregacional local con sus impuestos a la propiedad, sin importar si pertenecían o no a la iglesia.
En 1833, la Iglesia Congregacional perdió su estatus oficial, y se declaró en una enmienda a la Constitución estatal que “nunca se establecerá por ley la subordinación de una secta o denominación a otra”.
En ocasiones, las disputas sobre esa declaración llegan al Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts, como podría ocurrir con el caso de las estatuas de Quincy.
Un ejemplo: en 1979, el tribunal superior del estado confirmó la capacidad tanto del Senado estatal como de la Cámara de Representantes estatal para contratar y pagar a un capellán a tiempo parcial para cada cámara — ambos, en ese momento, sacerdotes católicos — en un caso llamado Colo v. Treasurer & Receiver General.
En ese mismo caso, el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts adoptó para el estado la llamada prueba Lemon, tras un caso de 1971 en el que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció tres criterios para determinar si una ley que afecta a entidades religiosas supera el examen constitucional: si tiene “un propósito legislativo secular”, si “su efecto principal o primario… ni promueve ni inhibe la religión”, y si fomenta “una excesiva implicación entre el gobierno y la religión”.
En junio de 2022, tras años de expresar escepticismo sobre la prueba Lemon, la Corte Suprema de Estados Unidos la rechazó formalmente, en un caso que involucraba oraciones realizadas por un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria en el estado de Washington, llamado Kennedy v. Bremerton School District.
En el caso de las estatuas de Quincy, el asesor legal de la ciudad, James Timmins, argumentó en documentos judiciales presentados el 30 de julio que, dado que la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la prueba Lemon, “esa prueba ya no puede regir en Massachusetts tampoco”.
Pero el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts, que es el intérprete final de la Constitución estatal, no ha escuchado un caso sobre ese punto desde entonces.
Los abogados de los demandantes en Quincy argumentan en documentos judiciales que, dado que el tribunal superior del estado no se ha apartado de la prueba Lemon, los tribunales estatales inferiores deben aplicarla, además de un cuarto criterio que el Tribunal Judicial Supremo estatal añadió en el caso Colo de 1979: si una “práctica impugnada” tiene “potencial político divisivo”.
Según esos criterios, los abogados de los demandantes argumentan que el juez de la Corte Superior estatal debe negar la moción de la ciudad para desestimar y emitir una orden judicial que impida la instalación de las estatuas.
Cualquiera que sea la decisión del juez de la Corte Superior, si el caso de Quincy llega al Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts en apelación, brindará a los jueces la oportunidad de revisar la prueba Lemon, incluyendo cómo se aplica la Constitución estatal a disputas que involucran la religión.
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