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Feministas dominicanas demandan despenalización del aborto en tres causales.
En República Dominicana, la penalización del aborto impacta de manera “desproporcionada” a mujeres en situación precaria por pobreza y escasa educación, quienes carecen de acceso a una defensa legal apropiada.
Esta es la conclusión del informe “Podría ser yo”, presentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem-RD) y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM).
El informe señala que entre 2016 y 2023, 68 mujeres fueron procesadas por aborto. Se analizan cuatro casos donde todas fueron arrestadas sin garantías, incluso estando hospitalizadas.
Se destaca que la información médica se usó en su contra sin orden judicial, vulnerando su intimidad y derechos. “Las cuatro mujeres estudiadas son madres, pobres, con empleos inestables y una de ellas migrante haitiana, víctima de violencia obstétrica y discriminación racial”, indica la investigación.
Una de las mujeres, identificada como Azucena, de 35 años y madre de seis hijos, fue arrestada tras llegar al hospital con un feto muerto. Pasó 6 meses en prisión preventiva y fue condenada a 2 años de libertad condicional. Según el informe, las autoridades acusaron a Azucena de ingerir pastillas abortivas y también introducirlas por la vagina.
Ella negó la acusación, declarando que solo había tomado calmantes y que se cayó de una moto, dándose cuenta del embarazo cuando ya estaba avanzado. Tenía 34 semanas de gestación. El hecho ocurrió en 2017, pero el informe no especifica el lugar.
Otro caso es el de Amarilis, de 31 años, madre de tres y residente cerca de un río en una zona urbano-marginal. En 2021 fue arrestada tras ser vinculada con un aborto. Confesó haberse provocado un aborto tomando té de caoba y dos pastillas de Cytotec. Aunque se le impuso una fianza, no pudo pagarla y estuvo tres semanas en prisión. Sus hijos fueron enviados a un hogar de acogida. El juicio no se pudo realizar porque Amarilis no asistió a las audiencias y fue declarada en rebeldía.
El tercer caso es el de una mujer haitiana, Orquídea, de 32 años, quien fue detenida tras expulsar un feto que falleció. No hablaba español ni tuvo defensa adecuada. Estuvo 6 meses bajo arresto domiciliario hasta que el caso fue archivado.
El hecho ocurrió en 2022, Orquídea vivía en una finca donde trabajaba su esposo. Fue arrestada estando hospitalizada tras expulsar un feto que nació vivo y luego murió. Confesó haber ingerido medicamentos para abortar, pero su defensa dijo que eso no pudo ser probado.
El cuarto caso es el de Dalia, una conserje y madre de tres, quien fue arrestada en 2023 tras hallarse un feto en un basurero. Se le impuso el pago de una fianza. Luego no compareció ante el tribunal y fue declarada en rebeldía.
El informe afirma que el sistema de justicia ha actuado con parcialidad, sin pruebas concluyentes y basándose en estigmas sociales, no en hechos jurídicamente comprobados.
“La penalización del aborto en todas sus formas fomenta persecuciones que perjudican especialmente a mujeres pobres, con baja educación y sin acceso a defensa legal apropiada”, indica el informe, que insta a revisar la legislación.
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