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Un “Ojo ciudadano” en la búsqueda de mayor claridad

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Lo que no implica que deba renunciarse a imponer honradez y pulcritud en quienes tienen a su cargo bienes e intereses del pueblo dominicano.

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Las otrora llamadas veedurías ciudadanas, ideadas para transparentar el funcionamiento de entidades oficiales, no han dado señales de vida en años, tras los primeros meses de su existencia, sin suficiente apoyo institucional. Si bien la custodia de los patrimonios del Estado es labor fundamental de los órganos de control convencionales, la idea de acercar a la ciudadanía y a los periodistas de investigación a las interioridades de los desempeños de la administración estatal se correspondía con el interés, que no se concretó, de combatir las opacidades. Inoperancia vinculable de alguna manera a una racha posterior nunca vista de expedientes pendientes de fallos sobre supuesta corrupción en abusos de poder para enriquecerse, tratados con lentitud por la Justicia. Lo que no implica que deba renunciarse a imponer honradez y pulcritud en quienes tienen a su cargo bienes e intereses del pueblo dominicano. Conviene que ese objetivo se concrete ahora, con augurios favorables a la iniciativa del director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, de valerse de la plataforma que pone a la luz bajo el nombre de “Ojo Cívico”.

Una herramienta a disposición del universo ciudadano que expondrá información organizada, clara y dinámica para descubrir a tiempo fallas procedimentales o éticas que lesionen el patrimonio nacional. Toda conducta cuestionable de funcionarios que busquen ejercer cargos para beneficio personal o resten eficacia deliberadamente a la fiscalización a cargo de otras ramas del sistema quedaría en evidencia. El “Ojo cívico” debería, además, estar dirigido a reforzar los escrutinios que aplican entes autónomos del Estado en protección del uso de fondos estatales, como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, a fin de dar profundidad a las fiscalizaciones sobre un Estado que, por su megacrecimiento y dispersión de funciones con duplicidades, desafía cada vez más a los mecanismos de observación y auditoría, sin cuya eficacia prospera el peculado. Aquí ha sido débil la revisión de los patrimonios de personas que “custodian” riquezas nacionales, con una mayoría de servidores públicos importantes escapando sin sanción a la rendición de cuentas que la ley les exige.

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