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Los Ángeles.- El mayor general Scott Sherman declaró este lunes que las fuerzas militares desplegadas en Los Ángeles para respaldar operativos migratorios pudieron llevar a cabo ciertas actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley, a pesar de la restricción impuesta por la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe usar a las Fuerzas Armadas como policía a nivel nacional.
Sherman detalló que el personal militar asignado a misiones domésticas tiene la potestad de resguardar instalaciones y personal federal, e incluso establecer perímetros de seguridad en las afueras de edificios federales si un comandante en el sitio evalúa que existe un peligro.
Sus afirmaciones dieron inicio a un juicio de tres días para determinar si la administración de Donald Trump sobrepasó sus facultades al enviar miembros de la Guardia Nacional y marines estadounidenses a Los Ángeles, después de las protestas de junio por operativos de ICE. La acción se llevó a cabo a pesar del rechazo del gobernador Gavin Newsom y autoridades locales.
El Departamento de Defensa movilizó a alrededor de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de marina. Aunque la mayor parte ya fue retirada, aún permanecen unos 250 miembros bajo control federal. El estado exige que el juez Charles Breyer ordene su retorno y prohíba que sean utilizados para funciones policiales civiles.
Breyer ya dictaminó que la Casa Blanca transgredió la Décima Enmienda al invadir competencias estatales, aunque el gobierno federal apeló y consiguió una suspensión provisional. Durante su despliegue, la Guardia Nacional participó en operativos migratorios y cateos a plantaciones de marihuana en el condado de Ventura, mientras que los marines custodiaron un edificio federal que incluía un centro de detención.
Desde junio, agentes federales han arrestado a migrantes en diversos puntos de la ciudad e inclusive a ciudadanos estadounidenses, lo cual ha intensificado el debate sobre los límites del poder presidencial en el empleo de tropas dentro del país.
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