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Las magistradas podrían emitir su veredicto este miércoles contra los integrantes de la trama criminal
SANTO DOMINGO. -Aumenta la expectativa entre los involucrados en la red de corrupción del Caso Pulpo, acusados de supuestos actos ilegales durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, al alcanzar este miércoles su fase final con la lectura de la sentencia.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional podrían dictar sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, contra los miembros de la estructura criminal presuntamente liderada por Juan Alexis Medina Sánchez y asociados.
Los letrados confían en que las magistradas fallarán apegadas a derecho y con base en las evidencias presentadas por ambas partes durante el juicio. Aguardan que el fallo sea absolutorio a favor de sus defendidos.
La jurista Wendy Lora, defensora de los hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, declaró que en el juicio desmantelaron la mayor parte de las acusaciones del Ministerio Público contra sus representados.
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“El órgano acusador no pudo probar los señalamientos. Las magistradas, con su experiencia, decidirán basándose en las pruebas, en lo dicho por testigos y peritos, y en la falta de sustento de la acusación”, indicó.
El abogado Richard Martínez, también defensor de Juan Alexis, coincidió con la abogada Lora en que esperan una absolución, asegurando que en la refutación a la acusación se demolieron todos los cargos presentados en la sala de audiencia por el Ministerio Público.
Por su parte, la abogada Ingrid Hidalgo, representante de la imputada Lina Ercilia De la Cruz Vargas, mantuvo que confían en una sentencia absolutoria. “Sabemos que estamos en un tribunal que basa sus decisiones en derecho y esperamos que así sea”, manifestó Hidalgo.
Petición del Ministerio Público
El Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó 20 años de prisión para Juan Alexis Medina Sánchez y el pago de una multa de 400 salarios mínimos, acusándolo de liderar una trama de corrupción que sustrajo más de RD$5,000 millones del erario público.
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