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Estados Unidos (EE. UU.) difundió este martes un reporte sobre derechos humanos en el mundo ajustado a las prioridades del presidente Donald Trump, en el que exalta a sus socios, como El Salvador, y critica a quienes considera adversarios, como Brasil.
Este informe anual usualmente provoca controversia, independientemente del partido en el gobierno, pero este año el Departamento de Estado modificó la parte escrita por el gobierno del exmandatario demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto.
En política exterior ocurrió algo similar. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa, como Sudáfrica o Brasil.
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“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto, días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50% al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, procesado por una supuesta intentona golpista en 2022.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, agrega este informe, solicitado anualmente por el Congreso.
Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.
En la lista de los “malos alumnos” de Latinoamérica Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde indica que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.
También resultan perjudicados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde estima que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo referente a la libertad de expresión. No observa cambios en España.
No es la primera vez que la administración Trump detecta supuesta censura en Europa.
El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que aseguró que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, particularmente en Alemania.
Por el contrario Trump ve con buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se ofreció a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.
“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado.
“Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade.
Este panorama favorable contrasta con las denuncias de las ONG y de los migrantes arrestados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un intercambio.
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Una vez en libertad, varios de estos migrantes relataron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida en mal estado y celdas de castigo diminutas.
Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en El Salvador.
Otra ONG, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.
Israel, otro gran socio de Trump, se beneficia de las modificaciones.
Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero asegura que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a los responsables.
Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.
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