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WASHINGTON (apro) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que “tomó bajo custodia” a 26 criminales deportados desde México, entre los que destacan dos narcotraficantes, Abigael González Valencia “El Cuini” y Servando Gómez Martínez “La Tuta”.
“Entre los prófugos, hoy bajo custodia de Estados Unidos, se encuentran líderes y cabecillas de peligrosos cárteles de la droga, tales como aquellos que han sido designados como miembros de organizaciones terroristas internacionales, incluyendo al Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el del Noroeste (antes Los Zetas)”, resaltó el Departamento de Justicia por medio de un comunicado.
De la lista de los 26 criminales buscados por la justicia de Estados Unidos y deportados a ese país por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, solamente uno no sería sentenciado a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan en un juicio.
“A estos fugitivos de manera conjunta se les imputa el haber importado a Estados Unidos toneladas de drogas peligrosas que incluyen cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”, acota el comunicado.
Varios de los 26 deportados están acusados en Estados Unidos de delitos relacionados con el trasiego de drogas, secuestro, toma de rehenes, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, asesinato de alguaciles federales de Estados Unidos y lavado de dinero, entre otros delitos graves.
La deportación de estos 26 criminales es el segundo grupo de delincuentes de alta peligrosidad que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envía a Estados Unidos.
El primero ocurrió en febrero pasado y entre esos iban Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, por ejemplo.
Este nuevo paquete de capos deportados ocurre a días de la publicación que hizo el periódico estadounidense The New York Times de que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono el diseño de un plan para eliminar a los cárteles del narcotráfico etiquetados como grupos terroristas; en aguas y territorios internacionales.
El amplio reporte del New York Times no ha sido desmentido ni corroborado por el gobierno de Trump.
“Lo de hoy es el último ejemplo de los históricos esfuerzos del gobierno del presidente Trump para desmantelar a los cárteles y organizaciones terroristas extranjeras”, apuntó en el comunicado Pam Bondi, la procuradora General de Justicia de los Estados Unidos.
“Estos 26 hombres han jugado un papel para traer violencia y drogas a Estados Unidos, bajo este Departamento de Justicia enfrentarán consecuencias severas por sus crímenes. Agradecemos al equipo de seguridad nacional del gobierno de México por su colaboración en este asunto”, concluyó Bondi.
Los 26 deportados son, en orden de relevancia: Abigael González Valencia “El Cuini”, líder de “Los Cuinis” y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, miembros de Los Chapitos, Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona y reconocido traficante de personas, Leobardo García Corrales, Luis Raúl Castro Valenzuela y Juan Carlos Félix Gastelum, del Cártel de Sinaloa.
Roberto Salazar, acusado en Los Ángeles, California, del asesinato del subalguacil federal Pablo Escalante. Pablo Edwin Huerta Nuno, del Cártel de Tijuana y Servando Gómez Martínez “La Tuta”, del Cártel de Los Templarios.
El resto del grupo de los deportados son: Enrique Arballo Talamantes, Benito Barrios Maldonado, Francisco Chávez, Baldomero Fernández Beltrán, Ismael Enrique Fernández Vázquez, José Carlos Bernal Guzmán, Anton Petrov Kulkin, Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López, Daniel Pérez Rojas, Juan Carlos Sánchez Gaytán, David Fernando Vásquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mario Alberto Núñez Ojeda, Jesús Guzmán Castro y Pablo Salazar.
De todos los 26 criminales solamente el ciudadano de Sierra Leona, de ser declarado culpable de los delitos que se le imputan durante un juicio, sería el único en recibir una condena menor que los demás; de 45 años tras las rejas.
Jurídicamente el hecho de que los 26 criminales fueron deportados de México a Estados Unidos le permite al Departamento de Justicia solicitar a la Corte Federal que les procese la pena capital como castigo máximo en caso de ser declarados culpables de los cargos que se les imputan durante un juicio.
Como deportados quedan sujetos a las prerrogativas de los fiscales federales que los procesen, aunque debemos tomar en cuenta que la amenaza de pena de muerte es la moneda de cambio con la que amenazarían a los capos del narcotráfico para que acepten cooperar con el Departamento de Justicia.
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