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Ayer, vecinos de Cuesta Brava y Arroyo Hondo presentaron una denuncia contra el viceministro de Viviendas, Danny Santos Comprés, y su empresa constructora. El motivo: la construcción de dos proyectos habitacionales, de más de 60 mil metros cuadrados, en la zona verde de Santo Domingo, cerca de Arroyo Manzano y del río Isabela.
La querella, apoyada por las asociaciones de vecinos de ambas comunidades y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), también va dirigida a Yudith Santos Comprés, hermana y socia de Santos Comprés, y al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, a quienes señalan por conceder los permisos ambientales para construir en un área protegida.
Según el abogado Euren Cuevas Medina, hace dos meses los vecinos lograron que la fiscalía detuviera el proyecto Balcones de la Rivera, con 18,894 metros cuadrados, donde se planeaban construir 144 apartamentos y locales comerciales.
Sin embargo, el proyecto Balcones del Cerro, de 43 mil metros cuadrados y 168 apartamentos proyectados, continúa su curso sin intención de parar, a pesar de las denuncias sobre su impacto negativo en el ecosistema y la violación de normativas ambientales.
Entre las irregularidades del proyecto, resaltaron el uso por parte de la constructora de una declaración de impacto ambiental supuestamente falsificada, la cual, al parecer, pertenece a otro proyecto en una zona azucarera, muy lejos del lugar actual de construcción.
Denunciaron también que el Ministerio de Medio Ambiente no pudo demostrar a la junta de vecinos que la constructora obtuviera permisos de tala de árboles, derribo de lomas y extracción de material ecológico, ni tampoco los recibos de pago de los impuestos necesarios para obtener las autorizaciones.
Por otro lado, los vecinos también llamaron la atención de la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional por incumplir sus propias normas al autorizar el uso de un suelo, clasificado por ellos mismos en 2023 como zona R1, para la construcción de viviendas unifamiliares.
Ante esta situación, solicitaron a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo una investigación sobre el verdadero impacto ambiental de la obra.
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