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ESTADOS UNIDOS.- — La jefa del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., Pamela Smith, emitió una directiva que permite a sus agentes compartir información con organismos de inmigración sobre individuos que no están detenidos, como los parados en controles de tráfico, así como proveer transporte a personal federal de inmigración y a personas arrestadas, según el comunicado oficial.
Estas medidas rompen con la política tradicional de la ciudad de no cooperar con la aplicación civil de leyes migratorias y entraron en vigor de inmediato.
Entretanto, el presidente Donald Trump supervisa un despliegue de fuerzas federales y la Guardia Nacional en varios puntos de la capital, incluyendo monumentos emblemáticos y la estación central de trenes, en lo que él describe como un esfuerzo para reforzar la seguridad y el control migratorio.
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El jueves, la ciudad experimentó un notable aumento de presencia de fuerzas federales, con Humvees en puntos estratégicos y tropas de la Guardia Nacional asignadas a patrullas comunitarias, control de multitudes y tareas de embellecimiento urbano.
El Pentágono detalló que los efectivos no estarán armados y que su función principal será proteger activos federales y facilitar que la policía lleve a cabo arrestos.
Según el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, “la Guardia Nacional es ideal para esta misión, por su vínculo con la comunidad y disciplina en entrenamiento”.
El presidente Trump calificó la directiva de la jefa Smith como un “gran paso” en la colaboración entre policía local y federales, vinculándola directamente con sus iniciativas de control migratorio.
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La presencia federal y la nueva política de cooperación han generado incertidumbre entre los residentes sin hogar de D.C.. Voluntarios y personal de agencias locales ayudaron a desalojar algunos campamentos, aunque en muchos casos no se especificó a dónde serían trasladados los afectados.
Algunas personas abandonaron sus pertenencias voluntariamente ante la amenaza de intervención de la administración Trump, mientras que otros campamentos permanecen bajo advertencias de limpieza general.
Grupos defensores de los derechos de las personas sin hogar prevén que, en los próximos días, las fuerzas de seguridad podrían desalojar por la fuerza los campamentos restantes.
El gobierno de D.C., liderado por la alcaldesa Muriel Bowser, ha indicado que hay más de 1,100 camas disponibles para adultos solteros en refugios de la ciudad, aunque activistas señalan que muchas ya están ocupadas.
Además, más de 50 grupos locales y nacionales han establecido líneas de ayuda y coordinado refugios temporales para afrontar los desalojos de manera segura.
El conteo anual de personas sin hogar en 2025 reporta 5,138 individuos en la ciudad, una disminución del 9 % con respecto al año anterior y del 19 % desde 2020. Sin embargo, las medidas recientes de limpieza de campamentos han generado ansiedad entre quienes aún viven en la calle, como Darrell Hopkins, residente sin hogar desde hace seis años:
“No pueden obligarme a salir de D.C., solo buscaré otro lugar”, dijo al Washington Post.
Durante los próximos 30 días, mientras Trump mantiene el control federal, los defensores temen que la política de intervención policial y federal contra la población sin hogar en D.C. podría servir como modelo para otras ciudades.
Los esfuerzos combinan patrullas federales, desalojos de campamentos y la oferta de servicios temporales, aunque los especialistas insisten en que no representan una solución a largo plazo para la crisis de vivienda.
Adam Rocap, de Miriam’s Kitchen, aseguró que “remover a nuestros vecinos sin hogar sin ofrecerles vivienda estable no resuelve la falta de casas accesibles ni los servicios necesarios”.
Donald Whitehead, de la National Coalition for the Homeless, resumió la situación para los activistas:
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