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Según explicó Paliza en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, con esta legislación, las propiedades beneficiadas con el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado no estarán sujetas a la condición de bien de familia. De esta forma, se elimina el impedimento de libre disposición, promoviendo el acceso a créditos formales para miles de familias dominicanas con mayor facilidad.
“Con esta normativa reforzamos la protección de la vivienda impulsada por el Estado para las familias, brindando a los dominicanos la seguridad de que su hogar no podrá ser embargado ni vendido en contra de su voluntad. Al mismo tiempo, abrimos la puerta a un marco más ágil y moderno para la gestión de su patrimonio para aquellos beneficiados con un terreno público titulado”, expresó el ministro Paliza.
El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, indicó que “esta ley es el resultado de un trabajo coordinado que unifica criterios y procedimientos, eliminando trabas innecesarias y ofreciendo a las familias dominicanas más claridad y seguridad jurídica sobre sus propiedades”.
A excepción de aquellas propiedades que no contaron con construcciones con fondos públicos, ya sea en el marco del Plan Nacional de Titulación, en proyectos de vivienda de bajo costo bajo la Ley de Fideicomisos o programas estatales de financiamiento, la nueva ley mantiene la protección de los inmuebles construidos con fondos públicos como parte de planes de mejoramiento social, garantizando que no puedan ser vendidos ni embargados.
Por su parte, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, explicó que esta ley permitirá que tanto el propietario como sus descendientes puedan tener su título de propiedad como una garantía para desenvolverse económicamente en una situación crítica que requiera solución financiera.
En el evento estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Cristóbal Castillo; el viceministro de la Presidencia, Roger Pujols, entre otros actores relacionados con el tema, quienes respaldaron la relevancia de esta reforma legal.
Con la entrada en vigor de esta normativa, el Gobierno busca equilibrar la protección de la vivienda familiar con la creación de oportunidades para el crecimiento económico, proporcionando a las familias mecanismos más flexibles y seguros para administrar su patrimonio.
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