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Los gobernadores de Ohio y Carolina del Sur desplegarán unos 350 efectivos adicionales en Washington DC

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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

Nueva York.- Los gobernadores de Ohio y Carolina del Sur anunciaron este sábado que enviarán conjuntamente unos 350 soldados más a Washington DC, uniéndose a los hasta 400 ofrecidos por Virginia Occidental, para robustecer la campaña del presidente Donald Trump contra la delincuencia en la capital.

El gobernador Mike DeWine, de Ohio, y Henry McMaster, de Carolina del Sur, emitieron comunicados en los que especifican que serán 150 y 200, respectivamente, los soldados de sus guardias nacionales que enviarán al Distrito de Columbia, y expresaron estar de acuerdo con las metas de seguridad de Trump.

Hace unas horas, el gobernador Patrick Morrisey, de Virginia Occidental, también aseguró “apoyar al presidente Trump en su empeño por devolver el orgullo y la belleza a la capital de nuestra nación” y reveló que enviaría entre 300 y 400 efectivos de su Guardia Nacional.

Esos casi 800 soldados adicionales en total en el Distrito de Columbia, procedentes de los tres estados republicanos, permitirán duplicar las tropas ya desplegadas por la Guardia Nacional de la capital.

El pasado lunes, Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” y tomó el control de la Policía de Washington D.C., tras lo que activó a unas 800 tropas de la Guardia Nacional, dentro de sus esfuerzos por “restablecer el orden público”, amparado en una cláusula de la Ley de Autonomía.

Desde entonces, la ciudad ha tenido un incremento exponencial en la presencia de agentes de agencias federales como el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han efectuado decenas de arrestos por posesión de armas y otros delitos, a los que se suman detenciones de indocumentados, según la Casa Blanca.

Las autoridades de Washington demandaron ayer al Gobierno de Trump por lo que consideran una “toma hostil” de la Policía de la capital por el Gobierno federal, que según afirman, ha abusado de su autoridad bajo la Ley de Autonomía que regula la autogestión del Distrito desde 1973.

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