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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) comunicó este lunes la suspensión de oficio de 38 Registros de Proveedores del Estado (RPE). Estos registros corresponden a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, por estar bajo el régimen de inhabilidades del artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Entre los registros suspendidos, según la resolución núm. DGCP44-2025-002579, se encuentran ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes y regidores. Todos ellos están legalmente imposibilitados para ser oferentes o suministrar bienes, obras o servicios a instituciones del Estado, según la normativa vigente.
La medida es consecuencia de un cruce sistemático de información realizado por los departamentos de Verificación y Gestión de Proveedores.
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El organismo rector aseveró que estas suspensiones son medidas preventivas tomadas para garantizar la integridad del Registro de Proveedores del Estado, y son parte de los cruces de información realizados regularmente. El objetivo es prevenir posibles conflictos de interés y fortalecer el control en los procesos de contratación pública.
En ese sentido, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, insistió en que esta medida no es una sanción administrativa, sino una acción preventiva para salvaguardar la integridad del sistema de compras públicas y asegurar el cumplimiento del marco normativo.
“La detección oportuna y la respuesta institucional ante situaciones que pudieran comprometer la transparencia, son pilares fundamentales en la labor de vigilancia que realiza la DGCP, en cumplimiento de su mandato legal”, destacó Pimentel.
Los registros fueron suspendidos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), como indica el acto administrativo pertinente.
La DGCP informó que, durante la actual gestión, se han suspendido 567 registros de proveedores, cumpliendo estrictamente con el artículo 14 de la Ley 340-06. De esta forma, se refuerza el compromiso institucional con la legalidad, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés.
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