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Washington. Si un gran huracán se aproxima a Florida Central esta temporada, María sabe que es peligroso permanecer en su casa de madera, parecida a una casa móvil. En tormentas previas, se resguardó en la vivienda de su hermana, que es más sólida. Si no lograba ir allí, había un refugio habilitado en la escuela secundaria local en caso de necesidad.
Sin embargo, con la creciente aceleración de las detenciones y deportaciones de migrantes en su comunidad de Apopka, a 32 kilómetros al noroeste de Orlando, María, una trabajadora agrícola de México sin residencia legal permanente en Estados Unidos, no sabe si esas opciones son seguras. Todos corren el riesgo de cruzarse con agentes de migración.
Lugares considerados espacios neutrales por los migrantes, como escuelas, hospitales y agencias de gestión de emergencias, ahora son sospechosos, y los acuerdos de las fuerzas del orden locales para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) los hacen más vulnerables, ya que deben decidir entre la seguridad física o eludir la detención.
“Pueden llegar a donde sea”, declaró María, de 50 años, quien solicitó que The Associated Press no utilizara su apellido por temor a ser arrestada. “No hay límites”.
Por mucho tiempo, los desastres naturales han planteado riesgos particulares para las personas que están en Estados Unidos sin un estatus legal permanente. Pero con el inicio de la temporada alta de huracanes en el Atlántico, los migrantes y sus defensores señalan que la política de aplicación de la ley de migración militarista del presidente Donald Trump ha incrementado el peligro.
“¿Voy a arriesgarme a la tormenta o a poner en riesgo a mi familia en el refugio?” comentó Dominique O’Connor, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. “De cualquier manera, te encontrarás con las agencias del orden”.
Para O’Connor y muchos migrantes, se trata de las tormentas. Pero las personas sin estatus legal permanente podrían enfrentar estas decisiones en cualquier lugar donde el calor extremo, los incendios forestales u otro clima severo podrían obligarles a evacuar, obtener provisiones o incluso buscar atención médica.
Las agencias federales y estatales han dicho poco sobre si la aplicación de la ley de migración se suspendería en caso de desastre. No marcaría mucha diferencia para María: “Con lo que hemos vivido, la confianza se ha perdido”.
Los esfuerzos de la administración republicana de Trump para ampliar exponencialmente la capacidad de aplicación de la ley migratoria implican que muchas de las agencias involucradas en la respuesta a desastres tienen cada vez más participación en la aplicación de la ley de migración.
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