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En contraste, Emi MacLean, abogada de la Fundación Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, declaró ayer en un comunicado que el ataque de este Gobierno al TPS forma parte “de una campaña orquestada” para privar a los inmigrantes no ciudadanos de cualquier estatus legal.
Un tribunal de apelaciones permitió este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que representa una nueva victoria de la Casa Blanca en su empeño por terminar con el beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo.
Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California suspendió la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes mantener el amparo que protege de la deportación a cerca de 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses.
Los beneficiarios nepalíes del TPS afectados por el fallo han residido legalmente en Estados Unidos por más de 10 años, mientras que los beneficiarios hondureños y nicaragüenses afectados lo han hecho por más de 26 años.
Las órdenes de terminación del amparo del Departamento de Seguridad Nacional les otorgan a los inmigrantes tan solo 60 días antes de perder el estatus.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que finalizó el amparo, que los protege de la deportación, debido a “animadversión racial”.
En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin argumentó a comienzos de mes que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y cumplir la meta original del TPS.
“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, enfatizó la funcionaria.
En contraste, Emi MacLean, abogada de la Fundación Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, dijo ayer en un comunicado que el ataque de este Gobierno al TPS forma parte “de una campaña orquestada” para privar a los inmigrantes no ciudadanos de cualquier estatus legal.
“El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente”, añadió la abogada.
Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) criticó la decisión del panel y advirtió que los demandantes “merecen algo mejor” de lo que los jueces determinaron.
El fallo del panel implica que los beneficiarios nepalíes del TPS perderán su estatus legal y permiso de trabajo de inmediato, y los beneficiarios hondureños y nicaragüenses del TPS perderán su amparo el 8 de septiembre.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que impulsa la Alianza TPS, indicó que el fin del amparo causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40,000 ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS.
La Administración Trump también ha cancelado el TPS a unos 350,000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.
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