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Texas.- La Cámara de Representantes texana aprobó este miércoles una polémica propuesta de reconfiguración electoral que modifica sustancialmente el mapa congresional del estado.
Esta medida, impulsada directamente por el expresidente Donald Trump, está pensada para otorgar a los republicanos una ventaja considerable de cinco escaños adicionales en las elecciones de medio término de 2026, reforzando sus posibilidades de mantener el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Según The Associated Press, la aprobación, que se produjo por una votación estrictamente partidista de 88 a 52, marca un momento crucial en la batalla nacional por el rediseño de los distritos electorales.
El mapa ahora pasa al Senado estatal, también controlado por los republicanos, y después necesitará la firma del gobernador Greg Abbott para convertirse en ley.
La medida republicana no ha pasado desapercibida. Legisladores demócratas de Texas intentaron bloquear la votación mediante una acción extrema: abandonar el estado durante dos semanas para negar el quórum necesario. A su regreso, fueron sometidos a una vigilancia policial las 24 horas para asegurar su presencia en la sesión del miércoles.
Los demócratas no solo han protestado, sino que también han prometido impugnar el nuevo mapa en los tribunales. Alegan que la redistritación es una clara manipulación partidista que prioriza el poder político sobre la representación justa de la ciudadanía.
Además, criticaron fuertemente a la mayoría republicana por avanzar con este mapa antes de abordar legislación urgente para responder a las inundaciones mortales que azotaron el estado el mes pasado.
La movida política en Texas ha desencadenado de inmediato una reacción a nivel nacional. En respuesta, el legislativo de California, controlado por los demócratas, se prepara para aprobar su propia revisión del mapa congresional, con el objetivo de crear cinco nuevos distritos que favorezcan a su partido.
Esta acción en California, respaldada públicamente por el expresidente Barack Obama, requeriría la aprobación final de los votantes en una elección especial en noviembre.
El gobernador Gavin Newsom defendió la medida como una respuesta necesaria para contrarrestar el movimiento en Texas, declarando que es momento de “combatir fuego con fuego”.
El núcleo de la controversia trasciende la pugna partidista. Los críticos argumentan que este tipo de redistritución socava la democracia al permitir que los políticos en el poder elijan a sus votantes, en lugar de que sean los votantes quienes elijan a sus representantes.
Legisladores demócratas y grupos de derechos civiles han señalado que, en cada década desde los años 70, los tribunales han determinado que los mapas de Texas violaron la Ley de Derechos Electorales.
Se espera que la nueva demanda legal se enfoque en argumentar que el mapa divide deliberadamente a las comunidades minoritarias, diluyendo su poder electoral y su capacidad para elegir representantes de su preferencia, una práctica expresamente prohibida.
Los republicanos, por su parte, defienden la legalidad de su acción, citando fallos de la Corte Suprema que permiten la redistritución con fines partidistas. Aseguran que el nuevo mapa crea más distritos con mayoría minoritaria que el anterior, una afirmación que los opositores desmienten, argumentando que se trata de un juego de números que en la práctica reduce la representación afroamericana.
Esta batalla en Texas no es un hecho aislado, sino la chispa que ha iniciado una nueva y agresiva guerra de redistritución a lo largo del país, con varios estados considerando revisar sus mapas en una escalada partidista que redefine el panorama electoral estadounidense de los próximos años.
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