Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La nación ha progresado en cuanto al Estado social y democrático de derecho, especialmente, después de la Constitución de 2010, y se ha fortalecido la idea de que todos están sujetos a un orden legal establecido. No obstante, no todo es perfecto y persisten algunas reformas pendientes en la justicia.
En esta perspectiva coincidieron los juristas Olivo Rodríguez Huertas, Miguel Valerio y Patricia Santana, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Rodríguez admitió que los ciudadanos gozan de una mayor libertad y que la reforma constitucional de 2010 no solo expandió la esfera de los derechos fundamentales, sino que se enfocó en establecer un conjunto de garantías, cumpliendo así con los tratados internacionales.
“Existe un conjunto de medidas en la Constitución que busca que esos derechos sean realmente efectivos, que se cuente con instrumentos. Porque de nada sirve que la Constitución establezca un catálogo de derechos, si las personas, en caso de violación, no pueden revertir esa situación”.
Valoró el rol clave del Tribunal Constitucional en estas garantías y al imponer sus decisiones por encima de las autoridades y normas que contradicen los valores constitucionales y la dignidad humana. “El Tribunal Constitucional se ha dedicado a asegurar la supremacía de la Constitución”.
Por su parte, Santana explicó que el constitucionalismo dominicano en los últimos 30 años ha tenido un impacto muy importante, por la manera en que se ha transformado el derecho en el país.
Señaló que la Constitución reconoce como fundamento la dignidad de las personas y la obligación del Estado de proteger los derechos, de hacerlo de manera progresiva y garantizar la igualdad, poniendo a las personas en el centro de toda la dinámica estatal y, obviamente, de la labor del sistema de justicia.
“Venimos de un sistema de justicia donde el juez tenía la idea del imperio de la ley y ahora en la Constitución coloca a las personas en el centro de todas tus decisiones y de todas tus políticas”.
Remarcó que la Constitución incluye un catálogo amplio de derechos humanos fundamentales, así como una protección reforzada para personas en situación de vulnerabilidad e incluye las bases sobre las cuales debe ser interpretada.
Valerio, por su parte, indicó que se requiere continuar con la segunda fase de reforma judicial para consolidar el Estado social y de derecho. Considera que un reto importante es la digitalización de la justicia, para asegurar el acceso y la agilidad, ya que los tribunales están sobrecargados. Abogó por las soluciones alternativas al conflicto, ya que los acuerdos judiciales que permiten minimizar lo que llega a los tribunales y evita riesgos como amenaza de testigos, obstrucción de la justicia y estafa procesal.
Agregar Comentario