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Washington. Una magistrada federal vetó ayer, 21 de agosto, al gobierno del presidente Donald Trump y al estado de Florida admitir nuevos arrestados en un apartado centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, y dispuso el desmantelamiento del lugar en un plazo de 60 días, al estimar que incumplía normas ambientales.
La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams también ordenó, el desmantelamiento de ciertos aspectos de las instalaciones a medida que los detenidos actuales son reubicados, según un documento judicial en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
La magistrada emitió la orden judicial preliminar luego de que grupos ecologistas y una tribu nativa americana interpusieran una demanda federal, preocupados por el impacto que la instalación tendría en esta área y su fauna.
La iluminación, el cercado y “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros desechos y recipientes de residuos que se instalaron para apoyar este proyecto” agregados al Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Collier Dade, deberán ser retirados en un plazo de 60 días a partir de la orden.
Daños ambientales y humanos
Las autoridades de Florida, propietarias de las instalaciones, apelaron la decisión judicial poco después de su publicación.
“Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”, dijo el portavoz del gobernador Ron DeSantis, Alex Lanfranconi, en respuesta al fallo del juez.
El gobierno estatal de Ron DeSantis levantó este centro en un aeródromo abandonado en los Everglades en apenas ocho días, con la meta de ayudar al presidente Trump en su campaña contra la inmigración irregular.
Desde su apertura el 2 de julio, activistas y opositores habían solicitado su cierre al argumentar que ponía en riesgo una zona natural protegida y que no respetaba los derechos de los detenidos.
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