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Acusada por la muerte de una niña de 7 años, persuadió a su madre para que le diera la tutela, ofreciéndole una vida mejor

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Se encontraron pruebas fotográficas de estos abusos en el celular de Jeider Montero, pareja de la acusada y también procesado en el caso.

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La mujer, junto a su pareja, se enfrenta a prisión preventiva luego de ser acusada de torturar y asesinar a la menor en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional.

Santo Domingo.- Yokeiry Coronado de la Cruz, acusada por la muerte de una niña de 7 años en Los Guandules, consiguió la custodia de la menor tras persuadir a su madre, Estefani Morla Coronado, de que con su cuidado podría ofrecerle una mejor calidad de vida.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Coronado de la Cruz viajó hasta Yamasá, provincia Monte Plata, para hacer la petición personalmente a la madre. Dada la precaria situación económica en la que vivía la niña y con la esperanza de brindarle más oportunidades, Estefani aceptó.

Sin embargo, durante los cinco meses que estuvo bajo la custodia de Yokeiry, la niña fue víctima de constantes maltratos infantiles, incluyendo torturas, quemaduras y golpes, además de ser amordazada en varias ocasiones. Se encontraron pruebas fotográficas de estos abusos en el celular de Jeider Montero, pareja de la acusada y también procesado en el caso. Los hechos ocurrieron en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Montero admitió ante las autoridades que conocía las agresiones cometidas por su pareja, pero nunca las denunció.

Al principio, Estefani mantenía comunicación con su hija a través de videollamadas por WhatsApp, donde pudo comprobar que la niña parecía estar bien. No obstante, con el tiempo, cada vez que intentaba contactarla, Yokeiry respondía que la menor estaba dormida, impidiéndole verificar su estado físico y emocional.

Actualmente, tanto Yokeiry Coronado de la Cruz como Jeider Montero cumplen prisión preventiva en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, respectivamente, en San Cristóbal, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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