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Washington D.C. – El gobierno de Donald Trump no defenderá la legalidad de las ayudas económicas a universidades y colegios con, al menos, un 25% de alumnado hispano –incluyendo instituciones de educación superior en Puerto Rico–, en un juicio federal en Tennessee.El gobierno de Trump no puede eliminar las subvenciones –que suman alrededor de $350 millones anuales y benefician a unas 500 instituciones– sin el visto bueno del Congreso o una orden judicial.Pero su postura influirá en el debate del caso donde el gobierno de Tennessee y la organización “Estudiantes por una Admisión Justa” cuestionan, ante un tribunal federal, la constitucionalidad del programa de subvenciones del gobierno estadounidense para instituciones de educación superior (HSI, por sus siglas en inglés) que atienden a hispanos.Los demandantes argumentan que esas subvenciones son discriminatorias.”El Departamento de Justicia ha determinado que tales provisiones vulneran el componente de protección igualitaria de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda (de la Constitución federal)”, indicó el procurador general John Sauer, en un escrito enviado al speaker Mike Johnson el pasado 25 de julio.El Tribunal Supremo estadounidense, continuó el procurador general, ha establecido que la “equiparación racial absoluta” es inconstitucional, en referencia a la decisión de 2023 que invalidó los programas de acción afirmativa para los procesos de admisión universitaria.”Sus precedentes dejan claro que el gobierno carece de un interés legítimo en diferenciar entre universidades, basándose en si un número específico de puestos en cada clase está ocupado por personas de grupos étnicos preferidos”, agregó Sauer en su comunicación a Johnson.La política pública de Trump y su gobierno republicano ha sido eliminar programas destinados a promover la diversidad y ampliar las oportunidades de las minorías.Ante la falta de interés del gobierno en defender los intereses de las universidades con una considerable matrícula hispana, la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU, por sus siglas en inglés) solicitó intervenir en el litigio, señalando que las instituciones de educación superior con importante presencia hispana “han tenido un impacto demostrable en la vida de los estudiantes”.”Por ejemplo, representan más de un tercio del 20% de las instituciones del país con mayor movilidad económica y matriculan a una proporción significativa de estudiantes de bajos recursos. Las HSI son clave para desarrollar carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para estudiantes hispanos y de bajos recursos”, planteó la HACU en su solicitud de intervención.Las instituciones afiliadas a HACU representan a dos tercios de los estudiantes latinos, incluyendo los de territorios como Puerto Rico.
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