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El corazón de República Dominicana está de luto tras saber que el caso de la niña de 7 años, presuntamente asesinada en Los Guandules por una tía y su pareja, era conocido por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). La noticia ha generado un debate sobre los procedimientos a seguir en casos de denuncias infantiles y si las autoridades actuaron correctamente.
El periódico HOY dialogó con varios expertos en el tema, quienes coincidieron en que “toda persona, y con más razón el personal público o de servicios sociales, que tenga conocimiento o sospecha de abuso o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes debe denunciar”.
La abogada Rhadive Pérez mencionó la Ley 136-03 en su artículo 14, que obliga a canalizar esas alertas, eximiendo de responsabilidad civil y penal a quien denuncia y sancionando el incumplimiento de ese deber.
“En la práctica, esto implica que ninguna institución puede retener o ignorar una información de este tipo. El camino es notificar y derivar sin demora, bajo una política de tolerancia cero ante cualquier riesgo que afecte a un niño o niña”, subrayó la experta.
Ante esta situación, Pérez advirtió que el proceder y las declaraciones de Josefa Castillo -directora Inaipi-, quien declaró que la institución no recibe denuncias y que en esa plataforma “solo entran casos de niños o niñas de 2 a 5 años; si no son de ese rango, no procesan”, contradice lo que establece la ley y otros estatutos.
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“El mismo INAIPI admitió que la alerta nunca se registró ni se remitió a las instancias competentes, alegando limitaciones de competencia/edad. Esa omisión contradice directamente lo que establecen la ley y los protocolos, que ordenan orientar o derivar de inmediato al Ministerio Público y al CONANI. Lo ocurrido evidencia una falla muy grave en el procedimiento, que dejó a la niña sin la protección que debió activarse desde el momento en que se recibió la alerta. Fue una omisión procedimental relevante y alarmante”, indicó Pérez.
Para Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, “cualquier denuncia debe ser tramitada a las autoridades competentes a través de las vías, canales y mecanismos establecidos en el protocolo. Lamentablemente la información del caso no se derivó oportunamente”.
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Rodríguez recordó que no se requieren pruebas, sino información mínima que permita ubicar el caso para una respuesta rápida.
¿Cuál debería ser el tratamiento ideal?
Pérez sostiene que el tratamiento adecuado debe ser veloz, coordinado y sensible. En caso de riesgo inminente, corresponde activar el 911, notificar de forma obligatoria y documentada al Ministerio Público y al CONANI, aplicar medidas inmediatas de protección y garantizar atención médica, psicológica y social.
“En estas situaciones, cada minuto de retraso o indiferencia puede inclinar la balanza entre la vida y la muerte de un niño o una niña, como tristemente se demostró en este caso, que además de doloroso, era evitable”, señaló Pérez.
Por su parte, Rodríguez asegura que “el mejor tratamiento es el abordaje integral inmediato, con todas las instituciones que deben responder cumpliendo su rol; y continuar los esfuerzos de concienciación a la sociedad para que denuncie cualquier situación de violencia contra la infancia o adolescencia de la que tenga conocimiento o sospecha, seguir difundiendo los canales y vías de denuncia y la aplicación de los protocolos para estos casos”.
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Nisaly Brito, psicóloga clínica especialista en infancia, enumera cuatro elementos esenciales para el tratamiento de estos casos:
Visión de urgencia: entendiendo que en temas de protección infantil lo peor puede pasar si no se actúa a tiempo. Esta visión permite activar rápidamente las rutas de protección y movilizar el sistema de forma oportuna. “De este modo, el Estado y las instituciones que lo acompañamos podremos poner a disposición la mayor oferta de respuestas posibles para salvaguardar a niños, niñas y adolescentes”.
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Prevención temprana: “fortaleciendo a las familias para reducir riesgos: para que la atención integral llegue a las familias de manera oportuna, antes de que los riesgos se materialicen en hechos graves”.
Promoción de los canales de denuncia: “seguir publicitando los canales de denuncia accesibles, visibles y reconocidos, para que cualquier ciudadano/a o funcionario/a pueda activar el sistema sin miedo ni desconocimiento. La ventaja del sistema es que, independientemente de quién se entere del caso, puede activar la ruta de denuncia formal, lo que permite que la Procuraduría o CONANI se hagan cargo del caso y brinden la asistencia adecuada”.
Gestión personalizada de cada caso: “a través de las unidades creadas para documentar, dar seguimiento y garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes El país cuenta actualmente con una Unidad de Gestión de Casos, coordinada directamente por CONANI”.
¿Cómo hacer una denuncia?
Las expertas detallan que las denuncias pueden realizarse a través de:
* La Línea Vida de la Procuraduría General de la República: 809-200-1202
* El Sistema de Emergencias 911
* Las oficinas regionales o provinciales del CONANI: 809-567-2233
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