Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunciaron que el 27 de agosto de 2025, la alcaldía de San Salvador Este despidió a más de 400 empleados del área de aseo, mercados, CAM y administración de los distritos de Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque.
Rafael Méndez, representante de la MPJL, explicó que, de forma irregular, los trabajadores fueron convocados de manera abrupta a Ilopango, donde les informaron, uno a uno, la “supresión de la plaza”, y les hicieron firmar un “finiquito”, al entregarles un cheque por el supuesto monto de indemnización.
Méndez dijo que esta situación de afrenta al derecho a la estabilidad laboral fue en base a un acuerdo municipal de supresión de plazas, aprobado en sesión extraordinaria del concejo municipal de San Salvador Este, celebrada el 15 de agosto pasado.
Méndez señaló que la figura de supresión de plaza configura un “despido” que, no solo debería contar con fundamento jurídico y económico por parte de la municipalidad, porque cuentan con el presupuesto 2025 para funcionar y proteger la estabilidad laboral de sus empleados, tanto el Código Municipal como la Ley de la Carrera Administrativa Municipal indican alternativas ante la posible supresión de plaza, como los traslados justos, condiciones adecuadas, entre otras.
“Hemos denunciado de forma constante la violación a derechos laborales de los trabajadores municipales, como impagos, anulación de bonos, acoso laboral, falta de dotación de uniformes, zozobra laboral, inestabilidad debido al impacto de la vigencia de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos”, sostuvo.
Méndez añadió que a través de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), empresas privadas son contratadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM), para dar el servicio referido de recolección de desechos sólidos, dejando desprotegido al personal de estas áreas de servicio en las municipales.
Asimismo, la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos, y, sobre todo, la Ley Especial de Reestructuración Municipal provocaron la desarticulación de sindicatos, despidiendo a directivos sindicales, lo cual, no solo es una grave violación, sino que va en detrimento de la defensa de los trabajadores.
“Son despedidos trabajadores con 20 y hasta 30 años de laborar en la municipalidad, sirviendo a la población, y los dejan en total vulnerabilidad al quedarse sin su fuente de ingresos. Afecta la subsistencia de sus familias, lo que implica una total vulneración de sus derechos humanos fundamentales como alimentación, vivienda, salud, educación, además de violentar su derecho a la estabilidad laboral”, reiteró el representante de la MPJL.
A la vez, consideró que los trabajadores despedidos, sin posibilidad de ingresos estables, no pueden contar con la protección del derecho a la vida digna, estas acciones del concejo municipal y del alcalde de San Salvador Este, Elías Aragón, profundiza más la ya precaria pobreza en el país.
“Exigimos cese a los despidos de trabajadores municipales, que dejan en total desprotección la vida de cada uno de ellos y de sus familias, cese la promulgación de leyes especial en detrimento de la estabilidad laboral y al derecho al trabajo”, afirmó.
Entre tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA), Ovidio Hernández, rechazó la política de despidos impulsada a partir del 2021 en todas las municipalidades del país, porque no es un problema solo de San Salvador Este; es una política de expulsión de los trabajadores en el sector municipal.
Hernández recalcó que desde la creación de ANDRES, en junio de 2023, advirtieron sobre la política de desempleo y expulsión de trabajadores, porque al analizar la ley no están contempladas las organizaciones sindicales ni la estabilidad laboral de los trabajadores.
“Son leyes nocivas que han afectado a la población cuando el responsable como tal es el Estado. El gobierno debería promover una política de generación de empleos, pero en la práctica es todo lo contrario, porque está arrojando a la calle trabajadores, no solamente del área de recolección de desechos sólidos, sino del CAM y otras áreas. El objetivo es eliminar a todo el personal con años de laborar en las municipalidades y tiene experiencia mediante capacitaciones constantes”, agregó.
A criterio de Hernández, las administraciones actuales han llegado a crear nuevas plazas con altos salarios y el resultado es la quiebra de las municipalidades, así como el despido de trabajadores. Con la creación de estas nuevas leyes, en las colonias de los municipios no hay beneficios para la población.
Salomón Alfaro, del BRP, indicó que los trabajadores despedidos están siendo acosados y amenazados por los concejos municipales, para que no denuncien, ni lleven a cabo actividades de protesta, y tampoco se movilicen en la defensa de sus derechos laborales.
“Les han dicho que si hacen este tipo de actividades no les van a dar su indemnización y además los condenarán con el régimen de excepción. Estamos en contra de esas medidas donde supuestamente amedrentan a los trabajadores despedidos para que no se manifiesten, manifestó.
Alfaro externó que este despido masivo en Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque es injusto e ilegal, y deja en el desamparo a muchas familias que ahora sufren la “medicina amarga” de este gobierno.
Agregar Comentario