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La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) dio inicio al ciclo escolar 2025-2026 en distintos centros de corrección y rehabilitación del país, con una inscripción de 6,654 estudiantes privados de libertad que participan en programas educativos de los niveles básico y secundario.
Con una ceremonia llevada a cabo en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, retransmitida simultáneamente, se inauguró oficialmente el año escolar en los demás recintos.
El subdirector de Asistencia y Tratamiento de la DGSPC, Bernardo Henríquez Maldonado, presidió el acto y resaltó que la educación es una parte fundamental del proceso de rehabilitación, ya que impulsa las posibilidades de reinserción social y ayuda a disminuir la reincidencia.
La actividad inaugural contó con la asistencia de autoridades locales y representantes de varias instituciones de San Pedro de Macorís, entre ellos: Yobanny Agustina Baltazar Núñez, gobernadora de la provincia; el coronel Juan Herrera Vásquez, del Ejército de República Dominicana (ERD); y el capitán Eduardo Mercedes, de la Policía Nacional.
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También estuvieron presentes la encargada nacional de Educación, María Teresa De León Nivar; José Ignacio Narciso Adames, director del centro de San Pedro de Macorís; René Ogando Doler, supervisor regional, así como funcionarios de la alcaldía local, directivos de la DGSPC y responsables de la coordinación educativa en los centros.
En la actualidad, el sistema penitenciario alberga a 24,881 Personas Privadas de Libertad (PPL), de las cuales un 26.74% participa en programas formales de Educación Básica y Secundaria para Adultos del Ministerio de Educación (Minerd). El resto se involucra en procesos formativos complementarios, tales como talleres del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y programas universitarios.
Con el arranque del inicio del año escolar en los centros penitenciarios, la DGSPC fomenta programas de tratamiento y rehabilitación social, y cumple con la Ley 113-21 que, en su capítulo 1, sobre los derechos de las personas privadas de libertad, establece que estas tienen derecho a “participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas orientadas a su desarrollo integral”.
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