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San Francisco, California.- Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ha ratificado el bloqueo temporal a la iniciativa del expresidente Donald Trump de anular el Estatuto de Protección Temporal (TPS), que favorece a cerca de 600,000 venezolanos en el país.
Este viernes, un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones refrendó por unanimidad la sentencia de una corte inferior, resguardando a los beneficiarios de una posible expulsión mientras el proceso legal continúa.
La jueza Kim Wardlaw resaltó en su fallo que los demandantes probaron que “sufren daños irreparables en sus vidas, familias y medios de subsistencia”.
Puso de relieve que el Congreso concibió el TPS como un sistema “predecible, confiable y ajeno a la política electoral”.
El gobierno de Trump había procurado revocar el TPS, pero a finales de marzo, el juez federal Edward Chen suspendió provisionalmente la medida, argumentando que tenía matices racistas y criminalizaba de forma errónea a los venezolanos.
La administración del exmandatario apeló la decisión ante la Corte Suprema, que, si bien no eliminó el TPS, accedió a una petición para cancelar temporalmente la protección mientras el caso se resuelve legalmente.
Se prevé que el gobierno de Trump apele el reciente fallo del Noveno Circuito ante la Corte Suprema, un tribunal con una mayoría de jueces conservadores designados por el expresidente.
El TPS es un programa que Estados Unidos otorga a ciudadanos extranjeros que no pueden retornar a sus países de origen de forma segura, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias excepcionales.
Justo antes de que Trump dejara la Casa Blanca en enero, el expresidente Joe Biden había extendido el TPS para los venezolanos por 18 meses, aduciendo la crisis en la nación sudamericana.
De acuerdo con el Pew Research Center, para marzo de 2024, había 1.2 millones de personas elegibles o beneficiarias del TPS en Estados Unidos, siendo los venezolanos el grupo más numeroso.
La administración Trump también ha buscado revocar el estatus a ciudadanos de otras naciones, como Haití, Honduras y Nicaragua, acciones que igualmente enfrentan desafíos en los tribunales.
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