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San Francisco de Macorís, provincia Duarte. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte estableció tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos hombres acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 13 años, en un incidente ocurrido en la comunidad Pueblo Nuevo, de este municipio.
Los imputados, identificados como Randy Batista, de 18 años, y Brahian Sterlin Liriano, de 19, tendrán que cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.
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Según la investigación, el suceso se produjo el pasado 13 de agosto, cuando la víctima se encontraba con los acusados y otros adolescentes en casa de una amiga, donde también había niñas de entre 11 y 15 años. El expediente indica que los imputados suministraron sustancias narcóticas a las menores y, luego de perder el conocimiento, la adolescente fue agredida sexualmente en horas de la madrugada.
La investigación explica que, durante los hechos, Liriano aprovechó que la víctima estaba inconsciente para tocarla, y que al despertar se encontraba en la casa del imputado y de otros jóvenes involucrados. Debido a la agresión, la adolescente necesitó atención médica en un hospital de la zona.
Los acusados fueron arrestados con orden judicial el pasado 22 de agosto en la comunidad Pueblo Nuevo y puestos a disposición de la justicia.
La fiscal titular de Duarte, Smaily Rodríguez, resaltó la imposición de la medida como un avance para la protección de los derechos de las víctimas, y aseguró que el Ministerio Público seguirá profundizando las investigaciones.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Kelvin Pimentel, mientras que la decisión fue dictada por la jueza Josefina Nohemí Díaz Marte.
El incidente fue denunciado el 13 de agosto, aproximadamente a las 11:20 de la mañana, ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Duarte, coordinada por la fiscal Sandra Sierra Difó.
El Ministerio Público imputa a los acusados la violación del artículo 396-C de la Ley 136-03, Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, que sanciona el abuso sexual.
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