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En un comunicado a los medios, el jurista Patricio Mañón Amador manifestó que el Ministerio Público ha puesto en duda la propiedad de sus clientes, aludiendo a supuestas anomalías en los títulos de las parcelas. Según Mañón, los títulos en cuestión fueron emitidos por el Tribunal Superior de Tierras y otros organismos pertinentes desde 1956, lo cual, a su juicio, convalida la legalidad de la propiedad de la familia Reyes. “Esos títulos fueron expedidos por el Tribunal Superior de Tierras y los organismos competentes desde 1956. La familia Reyes es dueña de esos terrenos”, puntualizó el abogado. Mañón también refutó la versión del Ministerio Público, que sostiene que el Estado fue víctima de una estafa. El abogado detalló que el dinero, que correspondía al 80 % del total, fue pagado a la familia en agosto de 2016, coincidiendo con la gestión del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Afirman que Donald Guerrero no cometió ningún delito, sino que acató sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de sesenta años, eximiéndolo de cualquier responsabilidad penal. El abogado especificó que ese pago ya estaba contemplado en el presupuesto de 2016. Además, el abogado destacó que sentencias de 2009, 2012 y 2017 ya habían ordenado al Estado dominicano efectuar el pago, algo que no se cumplió. El representante legal de la familia Reyes, junto con los abogados Martín Mañón Lara, Moisés Sánchez Ramírez, Rafael Antonio Zapata y Alexander Navarro Rossi, anunció que solicitarán el cese de la oposición al pago y demandarán al Estado por la estafa que, aseguran, ha sufrido la familia por más de 70 años. El litigio se centra en la propiedad de las parcelas que actualmente integran el AILA, un conflicto que, según la defensa, ha mantenido a la familia en una batalla legal durante décadas.
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