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Algunos de esos procesos de licitación han sido enviados a la Procuraduría General de la República. Luego del revuelo que causó la licitación de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para comprar casi 3 mil pitos por valor de cerca de RD$2,000 cada uno, un proceso que la entidad catalogó como “normal”, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este viernes que decidió suspender dicho procedimiento.
Contrataciones Públicas explicó que la medida es cautelar y tiene como objetivo realizar correcciones y que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, protegiendo así los derechos e intereses de los oferentes y potenciales oferentes.
La decisión llegó luego de que el proceso se diera a conocer en las redes sociales, donde la Digesett fue objeto de fuertes críticas, ya que muchos usuarios consideraron como “una burla” el precio de cada pito que serían usados por sus agentes.
Sin embargo, esa licitación no es la primera ni la más escandalosa que la DGCP ha gestionado. En el país se han registrado, desde el año 2022, al menos cinco procesos que han sido detenidos por un denominador común, según la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y encargada de vigilar las contrataciones públicas: irregularidades.
En el año 2022, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) vio cómo Contrataciones Públicas canceló un proceso de licitación para la contratación de un servicio integrado de conectividad satelital para escuelas rurales y subrurales, que tendría una inversión de más de RD$2,000 millones.
La iniciativa estaba enfocada a beneficiar a 600 escuelas, pero un proyecto similar lo tenía el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), dirigido a 22 municipios y más de 250 mil hogares de la región sur.
Poco más de un año después, la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Se trata de la tercera decisión emitida en relación con el caso, del cual aún queda por decidir una solicitud de investigación.
Se recuerda que en las dos primeras resoluciones RIC 164-2023 y RIC165-2023 se comprobó la existencia de una estructura societaria difusa y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria, que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras.
En la nueva resolución RIC-168-2023, emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L., también se evidencian irregularidades graves en la adjudicación del contrato.
En febrero de 2025, la DGCP informó sobre la nulidad del procedimiento de licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003 para el “equipamiento de talleres con servicios conexos en centros educativos a nivel nacional -segunda etapa-“, llevado a cabo por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Minerd.
La DGCP afirmó que la decisión se produce tras conocer cinco recursos jerárquicos interpuestos, en su calidad de órgano rector, y comprobarse graves irregularidades en el procedimiento de contratación llevado a cabo inicialmente por un monto de RD$945 millones y posteriormente modificado e incrementado a RD$ 966,748,624.00, en el que resultaron adjudicatarias las razones sociales A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L, Arcaservis y Riften Invesment, S.R.L.
Dentro de las inobservancias figuran la violación al artículo 20 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, así como los principios de eficiencia, economía y flexibilidad, dado que el pliego de condiciones y su enmienda no contienen la información necesaria para la elaboración y evaluación de las ofertas.
En abril, otro proceso que fue anulado fue el llevado a cabo por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) para la compra de equipos informáticos, tras constatar irregularidades en el referido proceso.
De acuerdo con la resolución Ref. RIC-0059-2025, emitida por el órgano rector tras agotar el debido proceso de instrucción, en virtud del recurso jerárquico presentado por la razón social Cantox Investment, S.R.L., se evidenciaron irregularidades en el procedimiento de licitación nacional IDOPPRIL-CCC-LPN-2024-0001 que conllevan la nulidad del proceso, y en consecuencia de aquellos contratos que, a la fecha de esta decisión, se encuentren en ejecución.
Mediante una nota de prensa, la DGCP reveló que la institución contratante no cumplió con la normativa vigente al no oficializar los cambios realizados en el pliego de condiciones mediante acta de aprobación de enmienda, contemplando documentos de la oferta técnica como no subsanables, en especial, la presentación de un mínimo de “dos certificaciones de entrega satisfactoria de procesos similares en los últimos dos años”, siendo este un documento de tipo credencial.
El más reciente y uno de los que más captó la atención en los medios de comunicación fue el del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la adquisición de indumentaria y equipamiento escolar.
En agosto de 2025, Contrataciones Públicas emitió dos resoluciones que anulan varias adjudicaciones de uniformes, mochilas y kits escolares tras concluir con un proceso investigativo iniciado de oficio en el que constató una serie de irregularidades en los procedimientos de contratación realizados por el Inabie.
En el caso del procedimiento de licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0010, para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares correspondientes a los periodos 2025-2026 y 2026-2027, el órgano rector confirmó múltiples irregularidades en las evaluaciones técnicas y económicas, en el criterio de adjudicación y en el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
Se recuerda que en julio del mismo año, el presidente Luis Abinader promulgó la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, para marcar un antes y un después en la forma en que el Estado dominicano administra sus recursos.
Con esta ley, el Gobierno no solo moderniza el sistema de compras públicas, sino que eleva el estándar de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas por cada peso que se invierte desde el Estado.
El Mandatario aseguró que con la firma y promulgación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, se da un paso firme y decisivo en la transformación del Estado dominicano que ha impulsado desde el primer día de su gestión, convencido de que los recursos públicos deben ser administrados con integridad, con responsabilidad y siempre al servicio del bienestar común.
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