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La sede del Seguro Nacional de Salud (SENASA) se halla bajo la inspección del Ministerio Público.
La Procuraduría General de la República (PGR) comunicó hoy que el Ministerio Público progresa en diversas líneas de averiguación respecto a la presunta malversación de recursos ocurrida en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Un grupo de fiscales especializados lleva varios meses investigando, recopilando y juntando datos, centrados en distintas hipótesis del caso examinado.
“El Ministerio Público tiene avanzada la pesquisa sobre Senasa. Un equipo de fiscales lleva meses indagando en una investigación con varias líneas”, precisó la autoridad responsable de la política criminal del Estado.
El presidente Luis Abinader declaró ayer que, en noviembre de 2024, antes de que los supuestos actos de corrupción en el Senasa salieran a la luz mediática, el Gobierno había puesto en contacto al Ministerio Público, al departamento Antifraude, a la Cámara de Cuentas y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que examinaran la situación y los archivos de los procesos de esa entidad que, al parecer, registran irregularidades desde 2020.
El jefe de Estado advirtió que cualquier persona que haya sustraído fondos públicos, sobre todo del sector salud, debe enfrentar consecuencias severas y explicó que, en noviembre de 2024, ordenó una investigación en esa institución por sospechas.
El mandatario, en su tradicional encuentro de los lunes con los medios, conocido como “La Semanal”, y acompañado de funcionarios vinculados a la transparencia, fiscalización y persecución del delito, subrayó que la corrupción en su Gobierno tendrá consecuencias, sin distinción de quién la cometa.
Insistió en que no intervendrá en las decisiones del Ministerio Público respecto a su actuación contra quienes perpetran actos que comprometen los recursos del Estado dominicano. Aunque los casos de supuestos actos de corrupción en Senasa recibían seguimiento desde 2024, a raíz de denuncias de pacientes y centros de salud, fue a mediados de agosto pasado cuando el Poder Ejecutivo destituyó a Santiago Hazim, director ejecutivo desde 2020.
Las denuncias incluyen contratos con prestadores de servicios privados que recibían cuantiosas sumas de dinero sin pruebas de que cumplían lo acordado.
El presidente Abinader advirtió que toda persona que haya sustraído fondos públicos, “y especialmente del sector salud”, deberá afrontar consecuencias drásticas en términos judiciales.
El presidente Luis Abinader reiteró que su administración mantiene la firme voluntad de sancionar a quienes incurran en prácticas ilícitas con los recursos destinados al bienestar de la población, y señaló que las investigaciones se originaron directamente desde el Ejecutivo.
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