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El suceso ha despertado inquietud entre los políticos, quienes subrayan que la batalla contra la criminalidad debe llevarse a cabo dentro del orden jurídico y respetando los derechos esenciales de la población.
“Exigimos claridad, que ese episodio sea investigado hasta el último extremo, que no quede sin castigo, pues en la República Dominicana no pueden seguir ocurriendo actos fuera de la legalidad”, manifestó el senador Antonio Marte.
Aun sin que exista un informe oficial sobre lo ocurrido, varios legisladores han señalado que conviene aguardar los resultados de los análisis técnicos antes de formular conclusiones definitivas.
“Lo que puedo afirmar es que los delincuentes deben ser calmados, pero más adelante el portavoz contará con los peritos y ofrecerá al país las declaraciones apropiadas”, añadió el senador Rogelio Genao respecto al caso.
Grupos de defensa de los derechos humanos también manifestaron su inquietud y pidieron asegurar la transparencia del procedimiento, además de exigir rendición de cuentas si se confirma un uso desmesurado de la fuerza por parte de las autoridades.
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