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Así lo anunció este viernes José Martínez Brito, el abogado de la víctima, quien detalló que la determinación se tomó para que el Ministerio Público cuente con un adelanto de pruebas contra José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).
“Se acordó que la víctima será entrevistada en cámara Gesell para que el Ministerio Público disponga de un adelanto de evidencia”, declaró el jurista ante la prensa que cubría la fuente del Palacio de Justicia de Santiago.
Martínez Brito añadió que la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso una medida de prisión preventiva de tres meses a los acusados, la cual deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, en la provincia Valverde.
“Se estableció una medida cautelar de tres meses de prisión preventiva para cada imputado, la cual será susceptible de revisión”, señaló el abogado, y agregó: “Durante esos tres meses, el Ministerio Público y la parte civil querellante, representada por este servidor, solicitarán que se mantenga la misma medida de coerción”.
Asimismo, el magistrado consideró que el caso entra en la categoría de tramitación compleja.
En cuanto al séptimo presunto perpetrador, quien se encuentra prófugo, el defensor manifestó su confianza en que será capturado y llevado ante la justicia.
“Tengo la certeza y la confianza de que el Ministerio Público está trabajando para detener a esa persona y que responda por su responsabilidad en este caso”, afirmó José Martínez Brito.
Según el expediente acusatorio, los hechos ocurrieron en marzo pasado en una vivienda de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González, donde la víctima fue engañada bajo la promesa de ser trasladada a un centro de salud por el presunto Pérez Toribio y otro individuo prófugo.
El escrito indica que, al comenzar a sentirse indispuesta, dos de los acusados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud; sin embargo, nunca la ingresaron y la condujeron de regreso a la residencia en La Javilla, donde se perpetró la violación.
Los acusados enfrentan cargos de violación según los artículos 265, 266, 309‑1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24‑97 contra la Violencia de Género; además, se les imputa la transgresión de los artículos 8 y 23 de la Ley 53‑07, que tipifican la asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, agresión sexual, reproducción, difusión de imágenes y delito sexual mediante medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.
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