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MIAMI, EE. UU. – El Primer Circuito de Apelaciones autorizó a la administración de Trump a continuar con la revocación del estatus migratorio de más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario impulsado por Joe Biden. Este tribunal de apelaciones anuló la paralización dictada inicialmente en Boston en abril pasado, según informó el corresponsal de Fox News, Bill Melugin.
Según Melugin, el fallo señaló: «En resumen, concluimos que los demandantes no han presentado una demostración convincente de que probablemente tendrán éxito al probar que la decisión de la secretaria de cerrar los programas de parole sobrepasó la discreción que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga».
La resolución llega luego de la notificación oficial de marzo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que anunció en el Registro Federal la finalización de los procesos de parole, otorgando un plazo de 30 días para que los permisos vigentes queden concluidos, salvo que se haya dictado una determinación individual.
En el plano judicial, la Corte Suprema de EE. UU. había levantado el 30 de mayo pasado la medida cautelar que frenaba la terminación masiva de dichos paroles, lo que permitió al DHS «proceder con la finalización» del programa migratorio y con la revocación de cualquier autorización de empleo basada en ese parole, según explicó USCIS en un comunicado del 6 de junio.
Anteriormente, la jueza Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, había concedido el 14 de abril una orden preliminar que detenía la rescisión total del parole y del permiso de trabajo, al determinar —entre otros puntos— que el gobierno no había realizado evaluaciones individualizadas caso por caso.
De acuerdo con Reuters en ese momento, la magistrada Talwani consideró que la administración de Trump actuó de forma ilícita al suspender estos mecanismos sin cumplir los trámites administrativos exigidos por la legislación federal. En su fallo señaló que no se ofreció una justificación razonada ni se respetaron los cauces normativos para modificar o cancelar dichos programas.
Reportes de agencias de prensa estiman que alrededor de 532 000 personas se ven afectadas por la medida.
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