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MIAMI, Estados Unidos. – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 79 infracciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el mes de agosto de este año, lo que representa una caída del 61,1 % respecto al máximo de 203 casos constatados en julio. A pesar del descenso, el documento señala que la reducción “no indica una apertura”, sino más bien una “modulación táctica” alineada con tendencias de años anteriores, y reitera que la represión “sigue siendo una política de Estado”.
El informe inicia con una descripción firme del entorno: “En la Cuba socialista, hablar libremente o informar de forma independiente sigue siendo un acto arriesgado”. Según el ICLEP, los asaltos, detenimientos y amenazas sirven como instrumentos para “suprimir el debate público, limitar el acceso a información veraz y coartar la participación ciudadana”.
De los 79 incidentes, 61 (77,2 %) inciden sobre la libertad de expresión y 18 (22,8 %) sobre la libertad de prensa. En la comparación intermensual, la entidad destaca una escalada sostenida entre marzo y julio (de 96 a 203 casos) y una “caída brusca” en agosto, aunque los niveles siguen por encima de los registrados a principios de año. El total acumulado de enero a agosto alcanza los 909 casos (promedio mensual de 113,6), por lo que el año “se perfila para cerrar con más de 1.000 infracciones”.
El cambio en la táctica represiva constituye otro hallazgo clave. En agosto predominó la “agresión verbal, amenazas y hostigamiento psicológico” (27 casos), superando a las detenciones arbitrarias (21). También se contabilizaron 16 episodios de “uso desmedido del poder estatal”, diez “limitaciones en el entorno digital” y cinco agresiones físicas; no se registraron nuevas reclusiones. El informe indica que el objetivo es “infundir temor, desmovilizar y aislar socialmente” a las voces críticas.
La distribución geográfica confirma a La Habana como el principal foco (30 casos), seguida por Artemisa (9) y Matanzas (8). Pinar del Río y Guantánamo sumaron seis cada una; Santiago de Cuba reportó cuatro; Villa Clara y Camagüey, tres por provincia; y Granma y Sancti Spíritus, dos cada una. No se notificaron incidentes en Mayabeque, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín ni en la Isla de la Juventud. ICLEP también documentó seis violaciones cometidas en el exterior contra comunicadores y activistas cubanos.
En cuanto a los perpetradores, el ICLEP atribuye la totalidad de los hechos a organismos estatales bajo el control del Partido Comunista: Seguridad del Estado (35), Policía Nacional Revolucionaria (14), sistema penitenciario (10), sistema judicial (4) y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA (4). El documento subraya que la represión no surge de “excesos aislados”, sino de un “modelo institucional deliberado”.
El perfil de las víctimas muestra una amplia variedad: 12 periodistas y un director de medio; 11 presos y dos expresionistas políticos; nueve activistas y ocho opositores; además de cuatro ciudadanos comunes. En términos de género, 35 hombres (74,5 %) y 12 mujeres (25,5 %). Según el ICLEP, el régimen actúa en “tres frentes”: silenciar a la prensa, desmantelar la organización cívica y prolongar el castigo dentro de los centros penitenciarios.
Agosto concentró operativos en fechas simbólicas. El 5 de agosto, conmemorando el 31 aniversario del Maleconazo, la Seguridad del Estado y la PNR instalaron cordones policiales sin autorización judicial, impusieron limitaciones de movilidad, realizaron cortes de internet y efectuaron detenciones. También rodearon sedes opositoras y redacciones, en una lógica de “represión preventiva” frente a posibles expresiones de descontento.
El informe detalla agresiones tanto dentro como fuera de la isla contra periodistas. La reportera independiente Orlidia Barceló Pérez fue retenida de manera administrativa en el aeropuerto de Viru Viru (Bolivia), pese a portar una visa oficial; el cónsul cubano en ese país se negó a asistirla alegando que “no dialoga con exiliados”. Paralelamente, el periodista cubano exiliado José Luis Tan Estrada denunció amenazas e insultos del embajador de Cuba en Bélgica, quien lo calificó de “mercenario” y le imputó delitos del Código Penal cubano. Un reportero del ICLEP en Villa Clara recibió vigilancia y advertencias de represores civiles para que no saliera con su teléfono “ni hoy ni mañana”.
El escritor y periodista Jorge Fernández Era estuvo “más de seis horas” bajo custodia el 18 de agosto por intentar una manifestación pacífica ante el monumento a José Martí en La Habana. Señaló que fue esposado con fuerza – “lo que le provocó una herida sangrante en la muñeca” – y que le retuvieron su carné de identidad. El ICLEP también recoge el caso del periodista marroquí Amine Ayoub, retenido más de 30 horas en el aeropuerto de La Habana, interrogado por sellos israelíes en su pasaporte y finalmente deportado, tras un trato calificado como humillante y arbitrario.
La criminalización del disenso se extendió a los tribunales. El 5 de agosto se celebró el juicio en Guanajay contra los opositores Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García por “asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas” y “propaganda contra el orden constitucional”; la Fiscalía pidió penas de 10, 8 y 6 años de prisión, respectivamente. En Sancti Spíritus, el militante de FANTU Amaury Díaz García enfrentó una acusación fiscal de ocho años por un cartel con los lemas “Sin corriente” y “Abajo el comunismo”, que nunca se dio a conocer públicamente. Según testimonios recopilados por el ICLEP, en Guanajay “la defensa denunció la ausencia de pruebas” y la acusación se basó en declaraciones de represores que calificaron a los imputados de “contrarrevolucionarios”.
El apartado penitenciario incluye nuevos castigos. En Boniato (Santiago de Cuba), al preso político Eider Frómeta Allen le negaron una visita “hasta que él lo deseara”, según informó el jefe de Orden Interior; posteriormente fue golpeado, arrastrado y llevado a un consejo disciplinario por denunciar las condiciones de la cárcel. En Matanzas, la interna del 11 J Sissi Abascal fue reprendida tras las denuncias de su madre; un oficial identificado como Yuri la filmó sin su autorización y una médica del MININT se rehusó a entregar su historial clínico, en un contexto de escasez de insumos. El informe añade que, desde el 21 de agosto, los familiares desconocían el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara, quien no realizó sus llamadas habituales los días 26 y 28.
El ICLEP identifica derechos conexos vulnerados: libertad, integridad y seguridad personal; libertad de desplazamiento y reunión; debido proceso; y libre manifestación de creencias, lo que “demuestra que la represión en la isla no se limita al control informativo” y se extiende a un “sistema integral” de coacción física, psicológica, judicial, digital y carcelaria.
En sus conclusiones, el instituto afirma que la represión en Cuba constituye una “política de Estado planificada, estructural y sostenida”, con foco principal en La Habana pero extendida al resto del territorio y más allá de sus fronteras. La reducción observada en agosto “no afecta la esencia del sistema de control”, sino que confirma un “nivel represivo” superior al de años anteriores.
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