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**LA CONTINUIDAD**
En el antiguo régimen, sobre todo cuando el PRI se había acostumbrado a ejercer el poder como un partido hegemónico, resultaba muy útil para las élites gobernantes que, al inicio de cada sexenio y sin contar con un verdadero “sufragio efectivo” ni con otros rasgos esenciales de la democracia, los mandatarios adoptaran un discurso y tomaran algunas decisiones –pequeños ajustes de timón– con el fin de marcar una cierta diferencia y distancia respecto de su predecesor. El objetivo era crear la impresión de que cada sexenio introducía cambios políticos relevantes dentro de la continuidad del sistema. Sólo en el caso del presidente Lázaro Cárdenas (1934‑1940) se produjo una transformación importante en la naturaleza del proyecto gubernamental respecto al pasado inmediato; a partir de 1941, los sucesores de Cárdenas retomaron la ruta trazada por los vencedores de Villa y Zapata, y la nave del Estado mexicano siguió el rumbo definido por el consenso de “la familia revolucionaria”.
En contraste con los usos y costumbres del régimen que ya culminó, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha considerado necesario ni útil señalar una corrección del rumbo establecido por el movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni alterar los objetivos del proyecto en curso. Hasta la fecha, Sheinbaum ha conducido su gobierno de forma menos confrontacional que la oleada que se vivió con frecuencia en el sexenio anterior, pero sin modificar la trayectoria trazada entre 2018 y 2024. Al contrario, la jefa del Ejecutivo ha reiterado una y otra vez que la Cuarta Transformación (4T) debe avanzar sin titubeos en sus metas, pues se trata de una empresa de largo aliento que ya cuenta con un rumbo definido y ratificado el año pasado en las urnas.
Es evidente que la legitimidad del mandato de la presidenta Sheinbaum se sustenta en la autenticidad del “sufragio efectivo” de 2024, donde obtuvo el 59.5 % de los votos, y en la aprobación de su gestión (entre el 70 % y el 79 %, según la encuestadora) como jefa del Poder Ejecutivo, más que en una comparación con AMLO. Ese respaldo mayoritario tiene como objetivo explícito proseguir la obra de AMLO: desmantelar pacíficamente el viejo régimen y mantener la separación entre poder político y económico, reformar el Poder Judicial (PJ) para que deje de ser bastión del antiguo orden y administre la justicia que la mayoría demanda, ampliar las políticas sociales que dan sentido al lema “por el bien de todos, primero los pobres”, expandir los programas sociales y la infraestructura (ferrocarriles, carreteras, hospitales, universidades), promover la “austeridad republicana” en los altos cargos del sector público, combatir de manera sistemática y efectiva la corrupción al más alto nivel, restaurar la seguridad pública en todo el territorio, salvaguardar la soberanía frente a la vecindad con el imperio —especialmente en tiempos de Donald Trump—, etc.
De los procesos de cambio impulsados por Claudia Sheinbaum, resulta pertinente destacar y valorar uno fundamental: el vinculado al Poder Judicial. La presidenta podría haber atendido a las voces predominantes en los medios masivos, que aconsejaban aprovechar la coyuntura de la nueva administración para buscar una salida menos radical que la propuesta por AMLO para transformar el PJ.
Para finales del gobierno lopezobradorista estaba claro que el proyecto del nuevo régimen necesitaba superar el obstáculo que representaba la oposición frontal de la SCJN, último y formidable baluarte del antiguo arreglo político. Asimismo, quedó claro que ya no convenía—ni era posible—utilizar la fórmula de Ernesto Zedillo en 1995: eliminar de golpe a toda la SCJN y, por mero deseo presidencial, recrearla a conveniencia del nuevo jefe del Ejecutivo.
AMLO intentó impulsar el cambio en el aparato judicial “por la buena”, mediante una compleja negociación con los interesados, sugiriendo que fuera la propia Corte la que diseñara el proceso y su alcance. Sin embargo, el sector más rígido dentro del PJ—particularmente en la SCJN—careció de visión, mostró exceso de soberbia y se empeñó en confrontar directamente al lopezobradorismo, respaldándose en aquellos poderes que deseaban mantener al PJ como bastión del statu quo. Así, el primer sexenio de la 4T concluyó en un impasse, heredando a la sucesora la ardua tarea de deshacer el entuerto. Sheinbaum pudo aprovechar esa coyuntura para replantear el problema, marcar una diferencia con AMLO y aliviar la presión interna y externa proveniente de Washington, que exigía no tocar la SCJN ni el aparato judicial, los cuales, pese a su mala reputación, protegían eficazmente intereses económicos sustanciales.
En síntesis, en la coyuntura descrita la presidenta no vaciló; al contrario, se propuso concretar lo que AMLO había iniciado. Su empeño resultó ser el factor que logró transformar de raíz, en un proceso sumamente complejo, no solo a la SCJN sino a todo el tercer poder del Estado.
**EL FUTURO**
Hasta ahora la continuidad del proyecto lopezobradorista se mantiene y se profundiza, pero su actual líder —la presidenta Sheinbaum—, sus colaboradores y su partido enfrentan en el futuro inmediato retos formidables. No se anticipa que las tormentas políticas disminuyan; al contrario, sortearlas demandará tanto mano firme al timón como la capacidad de capotear los embates y minimizar los daños que puedan ocasionar.
En primer lugar, la 4T debe decidir cerrar de forma satisfactoria heridas que son compromisos morales y que el mero paso del tiempo no puede sanar. Entre esas, destaca el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014. La sospecha sobre la posible participación del Ejército lleva más de una década sin resolverse y no debe perpetuarse. Asimismo, el reciente escándalo de altos mandos de la Armada implicados en el contrabando masivo de combustible necesita una aclaración rápida, evitando que se añada a la lista de asuntos sin resolver.
Los dos casos, Ayotzinapa y el contrabando de combustible, son ejemplos de un desafío aún mayor: el crimen organizado. Es cierto que el Gabinete de Seguridad se reúne a diario y que las estadísticas indican una caída en la mayoría de los delitos, pero continúa claro que los cárteles siguen operando, no solo en actividades de contrabando internacional, sino también en extorsiones violentas dentro de nuestras fronteras, afectando a amplios sectores de la población y constituyendo fallas del Estado que alimentan presiones norteamericanas sobre el país.
La Guardia Nacional, institución engendrada por la 4T, debe estar libre de corrupción en sus altos mandos y demostrar efectividad en la recuperación del control gubernamental sobre todo el territorio; sin ese control, el Estado mexicano no puede cumplir plenamente sus funciones.
El entorno más complicado que debe navegar la presidenta, su gobierno y México como nación es el internacional. Hoy las condiciones son más adversas que en el pasado reciente. La “guerra de aranceles” provocada por el gobierno de Washington coloca a México en una posición vulnerable, pues el 80 % de nuestras exportaciones se dirige al mercado norteamericano, lo que nos vuelve extremadamente dependientes.
Se pueden intensificar las acciones contra los cárteles de droga, pero mientras Estados Unidos siga siendo el principal demandante de sustancias prohibidas, esa debilidad estructural persistirá. Tampoco es mucho lo que el gobierno mexicano puede hacer para impedir que la Casa Blanca siga describiendo a México como un país “invasor” por el origen de los migrantes indocumentados.
En conclusión, hasta ahora Claudia Sheinbaum y su equipo han manejado con destreza el timón de la nave mexicana, sin desviarse de la ruta señalada por la brújula que recoge el lema “por el bien de todos, primero los pobres”. Por ahora es necesario insistir en que lo alcanzado es considerable y no se debe amilanar ante la magnitud del reto que se vislumbra en el futuro de una empresa histórica que, en última instancia, no es responsabilidad exclusiva de la presidenta ni de su gobierno, sino de la colectividad.
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